Tres meses demandó la elaboración del voluminoso informe, que realizó el grupo de peritos oficiales sobre muestras extraídas el 28 de marzo del año pasado en la planta de residuos peligrosos de Taym, en los alrededores y en el canal Los Molinos. Ese día, una tormenta furiosa originó un aluvión que arrasó con lo que encontraba a su paso en la región de Paravachasca, donde se encuentra instalada la empresa del grupo Roggio.
Una de las conclusiones del estudio que PERFIL CORDOBA pudo confirmar, es que ingresó agua contaminada al canal Los Molinos una hora antes del cierre de la compuerta anunciada por Aguas Cordobesas en forma preventiva. Aquel día, Aguas Cordobesas –empresa que pertenece también al grupo Roggio- emitió un comunicado sobre la decisión adoptada, lo que significó el corte del servicio en la zona sur de la ciudad por varias horas, y aseguró que el agua distribuida era potable.
Taym está ubicada en la Ruta 36 kilómetro 792. Allí se almacenan residuos altamente peligrosos que llegan de todo el país, como derivados de petróleo, químicos, metales y plásticos, industriales, farmacéuticos, arsénico, mercurio, colorantes, solventes y agrotóxicos, entre otros. Horas posteriores a la tormenta, se vieron imágenes de la correntada que arrastró materiales de la planta, que incluían hasta monitores de computadoras.
Desde el primer momento, el fiscal de Instrucción Alejandro Peralta Ottonello ordenó tomar muestras para analizar la posible contaminación ambiental. Luego imputó en carácter de sospechoso al gerente y apoderado de Taym, el ingeniero César Ernesto Ripsky.
El fiscal también solicitó la conformación de un equipo de peritos oficia les, que inició sus tareas el 2 de mayo último. Estuvo encabezado por el ingeniero químico Orlando de la Rúa; e integrado por la médica Gimena Fernández; el biólogo y especialista en seguridad ambiental, Rubén Darío González; el experto en Hidráulica, Facundo José Alonso; y Oscar Héctor Carubelli, geotécnico. Este grupo produjo un documento de unas 100 hojas más un anexo con especificaciones. Allí analizaron no solo las muestras sino la topografía del terreno sobre el cual está instalada la planta de Taym.
Raúl Montenegro, uno de los peritos de parte por una de las querellas, aseveró, ante una consulta de este diario que “técnicamente es inaceptable la localización de la planta. No era un lugar para instalarla, como tampoco tendría que autorizarse a Cormecor”. La pregunta obvia a su aseveración fue si ahora debería ser trasladada. “En el caso de Cormecor no está construida, es más fácil. Pero en el caso de Taym es una situación compleja porque hay residuos depositados en el lugar. Viendo retrospectivamente nunca debió autorizarse la localización en esa zona”, aseguró.
Montenegro también apuntó a las autoridades provinciales: “La Comisión Técnica Interdisciplinaria (CTI) y la Secretaría de Ambiente no están a la altura de la protección de intereses de los cordobeses. Hay ineptitud crónica de la CTI, la secretaría y de su titular Javier Britch”.
Cómo sigue la causa. Todas las querellas que participan de la causa ya fueron notificadas de las conclusiones. Los peritos de parte analizan el contenido del informe oficial y podrán agregar cuestiones que consideren importantes. El fiscal Peralta Ottonello, podría tomar medidas procesales en las próximas semanas y es posible que envíe una copia del documento al Fuero Anticorrupción porque algunas conclusiones podrían ser importantes también para el trámite de la causa.
ANTICORRUPCION ANALIZA INFORMES DE LA PROVINCIA
En la Fiscalía Anticorrupción Nº2 se tramita el expediente que se desprendió de la causa principal por contaminación ambiental. Analizan cómo actuaron los organismos de control luego de que dos inspecciones revelaron irregularidades en la Planta de Taym. Fuentes de tribunales informaron que pidieron actuaciones internas del Ministerio de Agua y Ambiente y de la Fiscalía de Estado.
El objetivo es determinar si se iniciaron acciones con motivo de las falencias halladas en el modo de almacenamiento de Taym.
Este diario publicó el 15 de octubre del año pasado el contenido de dos inspecciones fechadas el 4 de noviembre de 2016 y el 14 de marzo de 2017. Esta última realizada a solo dos semanas de la lluvia torrencial del 28 de marzo que arrastró residuos. La primera fue hecha por la Dirección de Policía Ambiental de la Provincia de Córdoba. Se relevó, entre otras cosas, la existencia de residuos depositados en el piso de un galpón abierto, en vez de los racks de guarda; residuos en un playón con piso hormigonado, solamente tapados, “lugar no declarado por la empresa para este fin”.
En cuanto a residuos líquidos los inspectores informaron que se detectaron lagunas para lixiviados en un nivel alto, más elevado del permitido. “La situación es seria”, advirtieron. La del 14 de marzo fue efectuada por la Secretaría de Control y Monitoreo Ambiental que depende de la Nación. Determinó que la capacidad de almacenamiento “estaba excedida y que afuera del galpón, en un playón para acopio a la intemperie, había monitores, computadoras y otros equipos rotos”. En los dos casos la empresa recibió intimaciones para regularizar la situación en un plazo perentorio con el pedido de disminuir el ingreso de nuevo material a la planta.
