El 10 de abril las autoridades estadounidenses del Estado de Florida autorizaron el cierre de dos empresas offshore con cuentas en el Bank of America pertenecientes al exjuez provincial, Miguel Ángel Azar y a su esposa, María Isabel Valoni. Las solicitudes habían sido presentadas entre tres y cuatro días antes.
PERFIL CORDOBA accedió a los documentos que certifican el trámite. Lo notorio es que el cierre de ambas empresas, objeto de la investigación judicial, ocurrió en plena cuarentena argentina y luego de dos meses de la detención de Martín Azar, hijo de ambos y sindicado junto a Diego Sebastián Sánchez como la cabeza de la operatoria presuntamente irregular que se desplegaba desde la oficina 213 del Vistalba Mall en Laplace 5442.
En los allanamientos realizados en febrero se secuestró documentación referida a sociedades comerciales creadas en el extranjero, con sus respectivas cuentas. Detectaron una en el Bank of America a nombre de la firma ‘Angel USA, Corp.’ de Miguel Ángel Azar. Y otra perteneciente a ‘Valoni, Corp.’, de María Isabel Valoni.
Valoni Corp.
El viernes se incorporó al expediente el informe con el cierre de las dos.
La pasada fue una semana intensa para la familia de Martín Azar. El juez federal Alejandro Sánchez Freytes ordenó la detención de sus padres y de su esposa, Agustina Cherro. Consideró que había riesgo procesal porque Cherro continuó dirigiendo las operatorias luego del encarcelamiento de su esposo y sus padres figuraban en cuentas en Estados Unidos, contratos de alquiler y contactos para atraer clientes para la operatoria de ‘cable’.
No obstante, en horas otorgó la prisión domiciliaria a Cherro por ser madre de un menor de dos años y el exjuez Azar fue hospitalizado por un cuadro de hipertensión.
Por esa situación, el defensor Ortiz Pellegrini dijo que había un “encarnizamiento judicial” y acudió al Juzgado de turno para presentar un habeas corpus correctivo. El planteo está a resolución del juez, Miguel Hugo Vaca Narvaja.
Valoni se encuentra aislada en una celda en Bouwer por 14 días, por las medidas sanitarias.
Quiénes y por qué son investigados. El 15 de julio, el fiscal subrogante Carlos Casas Nóblega, reformuló la requisitoria con las imputaciones, delitos y hechos para nueve personas con relación a la financiera encabezada por Azar y Sánchez. Están imputados, además de los nombrados, Melina Marisa Manelli (expareja de Sánchez), María Martínez, Jorge Mario Novaro y Nicolás Ferrer Juárez.
Los acusan de asociación ilícita, lavado de activos e intermediación financiera no autorizada.
La justicia puso bajo la lupa las siguientes operatorias:
◆ Préstamos de dinero en efectivo con fondos de terceros sin autorización, es decir intermediación financiera.
◆ Transacciones de dinero en moneda extranjera mediante transferencias consistentes en compensación o conciliación de cuentas posiblemente por fuera del circuito legal, conocidas en el mundo financiero como operación de ‘cable’.
◆ Descuento de cheques con fondos de terceros sin autorización por parte del organismo controlador.
◆ La compraventa de dólares.
Contrapunto por pagos a Afip. Miguel Ortiz Pellegrini, abogado de la familia Azar, insistió ante este medio en que la investigación está centrada en delitos que no existen porque Martín Azar regularizó toda la deuda con el fisco adhiriéndose a planes de pago. Mostró un plan de financiación presentado a Afip sobre deudas de IVA, Ganancias y Bienes Personales por un total cercano a los $22 millones de pesos. “Si no hay deuda no hay delito”, sentenció el letrado.
Desde la Fiscalía que conduce Casas Nóblega sostienen que no están acusados de evasión sino de otros delitos, y que la deuda no está pagada porque Afip aún no determinó el monto total. En este caso, el lavado imputado no es por la omisión de impuestos, sino por la actividad de intermediación financiera que les produjo ingresos con los que adquirieron bienes, aclararon.
HIPERTENSION Y SUCESIVOS TRASLADOS
El miércoles Ortiz Pellegrini presentó a Miguel Ángel Azar, su esposa y su nuera en el juzgado de Sánchez Freytes donde fueron indagados y se procedió a detenerlos. El defensor presentó la historia clínica donde constaba que Azar padece hipertensión.
“La noche del miércoles, lo trasladaron a la UCA (ex Encausados), llega con 23 de tensión y por eso se niegan a recibirlo. Entonces lo trasladaron a Bouwer donde tampoco lo reciben por el cuadro que presentaba. Regresa a la Alcaidía de Tribunales donde pasó esa noche. El jueves, el juez ordenó el traslado a Bouwer”, relató el abogado.
Ese mismo día por la tarde lo llevaron a la enfermería de la cárcel y deciden internarlo inmediatamente en el Sanatorio Allende, en la Unidad Coronaria.
El viernes, Ortiz Pellegrini presentó un habeas corpus correctivo con el fin de que garanticen un lugar donde pueda ser tratado ante el riesgo de vida.
