En la Cámara 10ª del Crimen continúa desarrollándose el juicio a 16 personas por la presunta venta irregular de dos lotes en barrio General Paz, ubicados sobre la Costanera Norte, a metros de la nueva sede de la Legislatura provincial. Entre los acusados hay reconocidos abogados, escribanos, contadores y empresarios. El jueves último declararon tres testigos que pueden considerarse demoledores para algunos de los acusados.
En primer término, brindó testimonio la corredora inmobiliaria Mariana Geimonat. Fue la persona que supo de la venta de los lotes y los ofreció a quienes fueron, finalmente, sus compradores. Hizo una narración detallada de cómo se concretó la operación. Contó que Diego Fernández –no está imputado, pero su figura apareció como representante de Gustavo Trebucq con más nitidez durante este juicio– ofreció los lotes en el 2011 y ella acercó a los empresarios José Romero Victorica, Humberto Sahade y Marcelo Cid, socios de la firma View, quienes los adquirieron para concretar un desarrollo inmobiliario de 20.000 m2.
Hizo un relato sin fisuras sobre cómo se llevó adelante la negociación comercial y marcó la secuencia de novedades que fueron surgiendo.
En noviembre de ese año, el escribano Lanza Castelli, quien confeccionó la escritura por pedido de Trebucq,les informó que había sobre el terreno “derecho de uso de la Municipalidad” pero que era una “pretensión improcedente” y que se cancelaría en breve. Relató que Romero Victorica le dijo que no quería comprar ningún problema, en un marco de “confianza total” por el vínculo que tenían y la consideración sobre su desempeño notarial.
En diciembre se firmó el boleto de compraventa, en la sede de CBI Cordubensis –a la postre financiera ilegal– y se entregaron US$ 500 mil como parte de pago.
En febrero del año siguiente se informó que sería firmada la escritura “en 90 días”, una vez que se regularizara la situación con el levantamiento de la pretensión municipal. “El 9 de marzo del 2012 –continuó Geimonat su narración– se firmó la escritura en el Banco Galicia. Una parte se pagó en efectivo y otra a través de transferencias bancarias”. La segunda testigo, la contadora de la firma View, Valeria Genesio, precisó luego los montos. En bolsos de cuero –“con los que se quedó Trebucq”, acusó– se abonaron US$ 2,3 millones en efectivo. El resto se giró por transferencias bancarias.
El monto total de la operación fue de US$ 4.100.000. Sorpresas.
Concretada la operación comercial, se encargó el proyecto de la obra. Geimonat recordó que “el arquitecto Argüello Pitt fue a ver al entonces titular de Desarrollo Urbano, Mariano de Juan”, y éste le dijo que las tierras que habían comprado “eran de dominio público”. “Comenzó un derrotero”, señaló la testigo. Hasta que se regularizara la situación, se pensó en alquilar el predio para hacer canchas de fútbol. Se acercaron interesados en arrendar y cuando iniciaron los trámites de autorización en el CPC Pueyrredón, saltó nuevamente a la luz la situación de los terrenos y naufragó la iniciativa.
Ante la confusión reinante, Geimonat tomó la iniciativa y encargó a una empleada de la inmobiliaria que fuera a la Dirección de Catastro de la Provincia y le entregaron –recordó– “cuatro hojitas de Tierras Públicas con la superposición de títulos porque habían sido expropiadas en 1956”. Respiró profundo y comunicó con gestos el shock que le provocó la noticia.
La secuencia mostró que los socios de View (Romero Victorica, Sahade y Cid) no supieron nada de la expropiación antes de comprar los lotes. Sólo fueron informados de la pretensión municipal de uso pero, claramente, eso podía ser subsanado. Se les ocultó, en cambio, la raíz: la expropiación inicial por la cual nunca podrían haber sido vendidos. En esa maniobra quedaron involucrados directamente los dos escribanos, Ahumada, quien hizo el estudio de títulos, y Lanza Castelli, quien realizó la escritura.
No obstante, desde la defensa de Trebucq relativizaron e indicaron que las audiencias demostraron que los lotes “no están expropiados” y que el empresario desconocía esa situación. Confirmaron, además, que renunciaron al posible testimonio del fiscal General, Juan Manuel Delgado, quien supo asesorarlo.
255 hectáreas en Leones. El último testigo fue Eduardo Rubén Vázquez. Nada tiene que ver con los lotes de la costanera. Pero su caso mostró un antecedente. Entre 2006 y 2007, aparecieron vendidas 255 hectáreas de campos pertenecientes a sus padres –en aquel momento ya ancianos, hoy fallecidos–, con la sospecha de que se habría falsificado la firma de su madre.
El titular actual de las tierras es el empresario Gustavo Trebucq. En el juicio que le entabló Vázquez, fue defendido por otros dos acusados en este proceso, Ernesto Alfredo Blanco y Alejandro Damia. Y quien hizo la escritura fue Lucrecio Lanza Castelli.
Cuando se intentó hacer la pericia caligráfica para demostrar la falsificación de la firma, el perito de parte le avisó que los abogados Blanco y Damia le pagaban más y lo dejaron sin asistencia. La acción penal por presunta defraudación por circunvención de incapaces prescribió. Vázquez espera al menos alguna respuesta de la Justicia Civil.
Para viajar a Córdoba para declarar en el juicio, le tuvieron que pagar los pasajes. Está sumido en la pobreza.
