Los gobernadores peronistas (con Juan Schiaretti liderando al bloque) saben que los próximos meses deben armar un rompecabezas donde queden en claro tres postales públicas:
1-la primera, y fundamental, es la que los muestra totalmente despegados de la responsabilidad sobre el ajuste;
2-la segunda los presenta, sin embargo, dispuestos a dar herramientas para que el acuerdo con el FMI sea un puente hacia el 2020 y no un abismo que los termine arrastrando;
3- la tercera es la que encontrará a sus equipos técnicos peleando a brazo partido con los de la Nación por cada peso que se asigne en el Presupuesto 2019.
El tema es claro: los mandatarios saben “que no hay lugar para la locura”, como dijo el presidente Macri, pero no son “tan locos” como para inmolarse en medio de un histórico proceso de ajuste, de final incierto.
En este marco general, el eje del debate que, desde la Nación, encabezarán los ministros Dujovne y Frigerio pasa por una poda que llegaría a los $186.000 millones para el próximo año, según cálculos de la consultora Eco Go (estimaciones de Perfil Córdoba ubican el número en $183.500 millones). Para llegar a ese monto, se recortarán $67.700 millones de subsidios, $33.800 millones en salarios públicos nacionales y, con impacto directo en las provincias, entre $82.000 millones y $84.500 millones en concepto de obra pública y transferencias corrientes.
Antes de avanzar en esa pauta de recortes, Córdoba ya explicitó al Gobierno nacional que “es conveniente poner en pie de igualdad a todas las jurisdicciones” mediante las transferencias de Aysa y Edenor y Edesur a provincia de Buenos Aires y a Capital Federal, además de hacer que esta última se haga cargo también de los gastos de funcionamiento de la Justicia en su distrito.
Para Córdoba es importante evitar que se produzca un “efecto tenaza” sobre sus finanzas, con más obras y servicios que financiar a su cargo, cuando a la par tiene que cumplir con la reducción impositiva del Consenso Fiscal, que implica perder 6,4% de ingresos el año próximo.
“Este debate del reparto de costos entre jurisdicciones sería más fácil si tuviéramos la certeza que la recaudación seguirá creciendo, pero la verdad es que el Fondo no descarta una recesión en el segundo semestre”, explicaba a este medio un funcionario que prepara sus argumentos para pelear por fondos provinciales. En efecto, la cláusula de “cobertura social” por $30.000 millones que prevé el acuerdo con el FMI se estableció para el caso de que la caída de actividad profundice el desempleo y la tensión social.
Qué hacer primero. Según la agenda de la Casa Rosada, primero ingresará al Congreso el proyecto para dar independencia al Banco Central, a efectos de dar previsibilidad inmediata al mercado sobre la política monetaria, y en septiembre enviará el Presupuesto 2019, luego de debatir con los gobernadores el ajuste. Sin embargo, esto podría ser un timming fallido.
“Comprometerse primero a sanear y dar independencia al Banco Central tiene muchos riesgos”, advierte la consultora Idesa. Al respecto, explica: “Vedada la alternativa de cubrir desequilibrios con emisión monetaria, tiene que haber una aceleración en el ordenamiento del Estado; caso contrario, el crecimiento de la deuda motorizará una nueva convulsión”. Esa convulsión vendría tanto porque el crecimiento en los intereses desestabiliza las finanzas públicas como porque se daña la producción a través de subas en la tasa de interés y el atraso cambiario.
Traducido, esto significa que ahora -sí o sí- el Gobierno debe apurarse en el proceso de saneamiento del sector público porque la ‘bomba de la deuda’ quedó activada.
“Los vencimientos, incluidas las Letes (títulos locales pero en dólares) suman US$25.000 millones de aquí a fin de 2019”, indica Jorge Vasconcelos, del Ieral. Según interpreta, “cabe esperar que el Gobierno vuelva a buscar financiamiento en los mercados, aunque también podría apelar a tramos de la operación con el FMI”. Pero, para mantener abierta esta última posibilidad, “el cumplimiento de las metas fiscales comprometidas es inescapable. La tarea del ministro de Hacienda no será fácil”, advierte Vasconcelos.
Para Idesa, el debate que se debe dar tiene una hoja de ruta muy específica: “En el sistema de seguridad social y en el gasto asistencial hay muchos excesos de burocracia, derroches, inequidades y corrupción”, sostiene. “Seguir suponiendo que no es necesario revisar los programas sociales que ejecuta el Gobierno nacional pone en duda la viabilidad del plan”, agrega.
Por primera vez en la era Macri, los economistas empiezan a enfatizar que el control del gasto total está directamente vinculado al hecho de alejar escenarios de default. “Aunque resulte antipático, es la única forma de cumplir con la proyección de una deuda pública estabilizada en torno a 35% del PIB”, reconoce Vasconcelos.
Entonces, proyectada la película completa de los días por venir en la Argentina, puede que los gobernadores no quieran aparecer en la historia como protagonistas del ajuste, pero si no se comprometen con el armado de su guión (al menos entre bambalinas) el final parece bastante incierto.
A FAVOR Y EN CONTRA
Positivo. Las agroexportadoras liquidarán US$ 4.000 millones durante el mes de junio, que se sumarían a los US$6.000 millones liquidados entre enero y mayo, totalizando unos US$10.000 millones en el primer semestre del año.
Negativo. La Reserva Federal aumentó la tasa de referencia 0,25 puntos porcentuales y la dejó en 2%. En lo que resta del año, habría dos aumentos adicionales. Esto pone mayor presión al costo del endeudamiento del país y las provincias. De hecho, el miércoles, la Nación emitió US$450 millones de Letes, a una tasa de 4,22% (se había pagado 2,40% en enero pasado).
Balance. Para llevar al dólar a un punto de equilibrio, no habrá estricta flotación libre sino una suerte de “flotación administrada por el Ejecutivo”.
A partir del 20 de junio (fecha en la que ingresan los primeros US$15.000 millones del FMI) la “súper cartera” que maneja el ministro Nicolás Dujovne podrá usar hasta el 50% de ese monto para solventar necesidades fiscales. Al entregar ese nivel de dólares al mercado, como un operador más, irá impactando sobre su valor.
Según lo anunciado, las operaciones se realizarán a través de subastas manejadas por el BCRA, pero a solicitud y bajo responsabilidad del Tesoro. De este modo, en teoría, la autoridad monetaria mantendrá su presidencia de las decisiones políticas.
Incertidumbre. Fueron, precisamente, las erráticas medidas del 28 de diciembre de 2017, adoptadas por la Jefatura de Gabinete (con anuencia del propio Dujovne), las que terminaron restando credibilidad a la gestión del renunciado Federico Sturzzenegger. Paradójicamente, era él quien más se oponía a ese tipo de manipulaciones del Central.
Ahora el mercado estará atento a cuatro frentes, para devolver enteramente su confianza al Gobierno:
- Que no se invierta “más de lo razonable” de los dólares que aporta el Acuerdo con el FMI para sostener necesidades fiscales o contener el valor de la divisa verde. Eso implicaría “plata perdida” de una deuda creciente.
- Que se avance concretamente en una reducción del gasto público total. De lo contrario, seguirá creciendo la deuda.
- Que el BCRA empiece a disminuir los niveles de emisión monetaria. Si no lo efectiviza, no habrá alivio para la inflación
- Que el equipo económico demuestre solvencia profesional, coordinación, capacidad de negociación con los gobernadores y capacidad de comunicación con el mercado y la sociedad. De no darse todo este expertise imprescindible, el ruido político y la incertidumbre debilitarán al Gobierno.
