La Sala I del Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados de Córdoba, abrió seis expedientes para analizar la conducta de un grupo de letrados que fueron imputado por presunta asociación ilícita y defraudaciones en la denominada causa Euromayor.
La decisión fue adoptada de oficio. Son investigados Jorge Eduardo Monferini, su hijo Luciano Monferini, Claudia Silvina Funes, Mariano Fontán, Mauricio Nicoletti y Agustín Muguerza.
Jorge Monferini, junto a Laerte Muzi, es considerado uno de los cerebros del entramado societario que habría provocado cientos de estafas a inversores y compradores de bienes inmuebles. En la causa penal que investiga la fiscal de Delitos Complejos, Valeria Rissi, se está tratando de develar cómo constituyeron sociedades fiduciarias y fiduciantes en una estructura altamente compleja que, según la hipótesis de la Justicia, tuvo como objetivo estafar a los compradores de tierras y departamentos porque de antemano se sabía que eran proyectos que no se iban a ejecutar.
En relación al resto de letrados, Silvina Funes habría actuado como representante legal de Arscap y de Nexo Emprendimientos, dos sociedades que formaron el entramado.
Mariano Fontán también fue apoderado de numerosas sociedades. En tanto, Mauricio Nicoletti, si bien quiso pasar como empleado de Euromayor y South American Trust SA (Satsa) al entablar demandas laborales, la investigación lo colocó en roles preponderantes. Representaba indistintamente a Satsa, Euromayor y T&D en una multiplicidad de actos tales como ventas de unidades o lotes de los emprendimientos.
Por su parte, Agustin Muguerza intentó idéntica estrategia que Nicoletti, pero fue vicepresidente y director titular de Euromayor, y participaba junto a Muzi en ‘la mesa chica’ donde se adoptaban decisiones, según se describe en la causa.
Trámite. Hay tres formas en que se inician los procesos en el tribunal de disciplina: por denuncias, comunicación de juzgados o de oficio. Una vez que la sala primera, que es administrativa, entiende que hay mérito abre la causa y la gira a otra sala para que la tramite. El Tribunal de Disciplina tiene entre sus facultades la posibilidad de aplicar una suspensión preventiva de la matrícula de los abogados. Sin ese aval no podrían ejercer la profesión.
Pero el proceso no es veloz y tiene sus límites, en especial cuando los evaluados son investigados penalmente. En principio, una de las condiciones que se cumplen antes de suspender la matrícula es que haya quedado firme la elevación a juicio. Sin embargo, en causas complejas -como en este caso- hasta llegar a esa instancia suelen pasar años.
Si la apertura del expediente disciplinario está estrictamente vinculada al hecho investigado hay que esperar una sentencia definitiva. Caso contrario, un abogado que sea sancionado por el tribunal disciplinario y luego absuelto por la Justicia implicaría una contradicción.
Las Cámaras ContenciosoAdministrativas son el órgano revisor de las decisiones del tribunal de disciplina. Hubo un caso (Bertone) en el que el tribunal profesional dictó una resolución luego de dos años de abierta la causa. La Cámara Contencioso Administrativa demoró siete años para resolver y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), otros dos años. Al cabo de todo el trámite, el TSJ sostuvo que no se podía sostener una causa disciplinaria más de 10 años. A raíz de ello muchos expedientes abiertos se cerraron por entender que estaban prescriptos.