El gigantesco déficit del Estado nacional no es una madeja fácil de desenredar. A medida que los institutos de investigaciones económicas dan a conocer ‘lecturas finas’ del Presupuesto 2018, se empieza a dimensionar el alcance real del problema.
Esta semana, IDESA publicó un informe que revela que un 20% del déficit fiscal nacional se justifica por lo que cinco ministerios nacionales asignan a funciones que corresponden a provincias y municipios.
Según explica IDESA, las carteras de Educación, Salud, Desarrollo Social, Obra Pública y Vivienda y Medio Ambiente asignaron unos $150.000 millones a programas de acciones interprovinciales; a su vez, proyectan erogar otros $130.000 millones en programas con acciones superpuestas con las provincias y los municipios.
“Esto significa que, prácticamente, la mitad de los presupuestos de estos cinco ministerios se gastarán en funciones que no les corresponden”, sostiene IDESA. Y enfatiza: “Los datos muestran la importante magnitud de recursos públicos nacionales asignados en acciones que son de responsabilidad local”.
En Argentina existen 24 jurisdicciones federales (provincias) y 2.259 municipios que tienen a su cargo prestaciones críticas para el bienestar de la sociedad como salud, seguridad, educación y servicios básicos urbanos. ¿Por qué entonces desde Buenos se digitan millonarios presupuestos con destino federal?
Trasfondo.
Según la interpretación que realiza IDESA, los programas nacionales superpuestos con responsabilidades provinciales y municipales no son un mero e inocuo desvío institucional. “En lo discursivo se justifican bajo el argumento de que suplen vacíos de los gobiernos locales en áreas sociales importantes (tales como arreglo y construcción de escuelas, centros de salud o distribución de materiales escolares y medicamentos, entre otras); sin embargo, en lugar de mejorar los servicios sociales, en general contribuyen a profundizar su deterioro”, asevera IDESA.
Al justificar su crítica, esta fuente hace hincapié en el “impacto marginal” que tienen esos programas sociales digitados desde la Nación. Por ejemplo, financian pequeños arreglos en algunas escuelas de provincia, cuando el universo total es de 41.000 escuelas, o en centros de salud provinciales, cuando el universo asciende a 8.000 centros sanitarios. Los complementos salariales financian menos del 10% del salario docente. En materia de vivienda, el propio Presupuesto 2018 admite que los programas nacionales apenas podrían solucionar el 5% del déficit habitacional.
Pero, hay un punto central más preocupante aún: “Su impacto más negativo es que induce a gobernadores e intendentes a tomar como tema prioritario peregrinar a Buenos Aires en busca de algunas de estas ayudas nacionales”, apunta IDESA. “Para los funcionarios subnacionales el esquema es ideal para diluir sus responsabilidades”.
Burocracia central. El ‘negocio’ detrás de los recursos para programas sociales no solo reditúa a los intereses de los funcionarios del interior, también alimenta los cargos políticos en la estructura del Ejecutivo nacional.
Según un estudio de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), en la actual gestión macrista se revirtió la tendencia ascendente del empleo público raso, pero ese freno no se dio en los puestos políticos de dirección. Por el contrario, estos últimos se incrementaron y, en consecuencia, también subieron en su participación relativa.
De los 16 ministros que existían en la gestión kirchnerista se pasó a 21 (aumento del 31,25%), con el correspondiente crecimiento de secretarías, subsecretarías y direcciones respectivas. Si ahora, el gobierno nacional propone un recorte del 25% de los cargos políticos, aún sigue quedando una estructura superior a la heredada que ya era récord en la historia argentina.
¿Esto tiene arreglo? “Para avanzar en un sector público más sustentable y eficiente es fundamental eliminar las superposiciones entre jurisdicciones”, sostiene IDESA. De acuerdo a su criterio, “es extremadamente importante que el diálogo alcanzado con la firma del Consenso Fiscal se extienda y se clarifiquen las responsabilidades en la asignación de funciones entre niveles de gobierno”.
FESTIVAL DE PUESTOS
VAMOS TODOS AL ESTADO. Entre 2010 y 2014, la cantidad de trabajadores estatales pasó de 3,3 millones a 3,9 millones. Es decir, el Estado en todos los niveles de gobierno incorporó 600.000 nuevos empleados públicos. Hoy, el empleo estatal explica un 18% de las personas ocupadas del mercado de trabajo argentino.
QUIÉN APORTÓ MÁS. El motor de esta expansión fue el empleo público provincial, que explica el 51% de este aumento, seguido por los gobiernos municipales (32%) y, finalmente, el gobierno nacional (17%).
LA NACIÓN NO PERDIÓ EL PASO. Entre 2003 y 2015 se crearon 6 nuevos ministerios, 21 organismos descentralizados, 20 nuevas universidades y 8 empresas estatales. A partir del 2015 se agregaron 5 ministerios más. La estructura del Estado nacional se completa con 85 secretarías y 204 subsecretarías, a las que se deben sumar 687 direcciones nacionales y generales, 50 institutos, 91 entes descentralizados y 905 unidades de coordinación o articulación.
