Este año, la pobreza multidimensional que afecta a la niñez y a la adolescencia de Córdoba volverá a impactar en las aulas.
Según un estudio sobre pobreza infantil realizado por el Observatorio de la Deuda Social (UCA), en el Gran Córdoba un 55,2% de la población de 0 a 17 años padece “al menos una privación” respecto a las siete dimensiones de derechos a los que todo niño debe acceder (vivienda, saneamiento, alimentación, información, salud, educación y estimulación).
Esta privación reviste el carácter de “severo” para el 18,5% de los niños y adolescentes cordobeses.
“Múltiples carencias materiales, sociales y emocionales experimentadas en los primeros años de vida provocan consecuencias en el desarrollo físico y cognitivo de los niños, limitando su capacidad para aprovechar las estructuras de oportunidades vigentes en la sociedad y propiciando la reproducción intergeneracional de la pobreza”, seña la experta Ianina Tuñón, investigadora responsable del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia.
Los estudios de la UCA (elogiados por algunos y cuestionados por otros) son los únicos con relevamientos sostenidos y actualizados que abordan la pobreza desde una visión multidimensional, tal como aconseja PNUD.
Para el caso del Gran Córdoba, su diagnóstico muestra dos datos alarmantes porque son críticos para el desarrollo: un 26% de niños y adolescentes sufre privaciones de alimentación y un 16,8% en materia de salud. Este es un panorama de por sí complejo que se agrava con un 22% que también está afectado por problemas de vivienda, los cuales llegan a ser severos para un 8% de los niños.
“Las carencias en el acceso a los alimentos afectan de modo particular a las infancias y adolescencias de Gran Córdoba y Gran Rosario”, resalta Tuñon.
Asimismo, la experta enfatiza que en el “Gran Córdoba se registró una situación regresiva en la atención de la salud de niños y adolescentes”, al crecer en 3% el porcentaje con carencias en esta materia, respecto a la medición de 2010.
“La situación más grave, que implica no tener las vacunas correspondientes a la edad, es particularmente elevada en Gran Córdoba donde alcanza al 5% de la población infantil y adolescente”, agrega el informe.
Obviamente, en un escenario donde los derechos básicos de sobrevivencia se ven violentados, el acceso a los bienes intangibles también sufre: un 13% experimenta privación en la dimensión educación (siendo severo este problema en un 4% de la población infanto juvenil) y 17% ni siquiera accede a un proceso de estimulación temprana.
“La estimulación durante los primeros años de vida resulta importante para que el niño desarrolle la motricidad, el lenguaje, la autoestima y otras habilidades que se gestan en la interacción y la experiencia”, explica la experta Tuñón. Para 4,5% de niños cordobeses de 0 a 4 años, esta carencia llega a nivel severo.
El análisis comparativo que realizó la UCA permite ver que la infancia y adolescencia en el Conurbano Bonaerense es la que se encuentra en la peor situación (68% experimenta situaciones de pobreza en al menos una de las dimensiones de derechos consideradas y 23% en niveles severos). El Gran Córdoba se ubica en el cuarto lugar, superado por el caso mencionado de Buenos Aires, además de Tucumán y Gran Rosario.
Cuando el estómago cruje. En momentos en los que el gobierno y el gremio docente negocian las condiciones para un regreso normal a clases, hay un tema prioritario que tarde o temprano repercutirá en el aula: “Se debe reconocer que existe una elevada proporción de niños y adolescentes que tiene problemas para acceder a los alimentos en cantidad y calidad”, señala Tuñon.
Según su análisis, “este dato revela que las transferencias monetarias y las ayudas alimentarias directas no han logrado erradicar el problema”. A su juicio, “se requiere de la generación de políticas y programas complementarios de fortalecimiento de las capacidades productivas, y capacitación de los adultos en la cocción y preparación de alimentos adecuados para las diferentes etapas de vida del niño”.
Esto tiene que ver claramente con políticas públicas que creen empleo, por un lado, y por otro, eduquen a los padres generándoles consciencia sobre el cuidado de sus hijos.
Sin dudas, los resultados que está teniendo Córdoba en materia de cuidado integral de su niñez y adolescencia (cuya mayor fotografía es el Gran Córdoba) no se compadecen con los recursos que se asignan para ese objetivo.
Este año se invertirán más de $300 millones en cuidar a la primera infancia (Salas Cuna); más de $115 millones en programas de apoyo y promoción a las mujeres (Mujer y Escuela; Mujer y Salud; Mujer y Familia); más de $320 millones en programas de Asistencia a la Familia; además del específico Plan Nacional de Seguridad Alimentaria (que tiene más de $142 millones disponibles) y el Paicor, al que se le asignaron $2.643 millones.
Se trata de $3.520 millones (por solo mencionar programas de asignación específica a esta realidad) que deberían contribuir a tener niños y adolescentes bien alimentados, en el contexto de familias social y económicamente sustentables, para que puedan llegar a clases con los valores energéticos adecuados.
Algo evidentemente no está resultando efectivo en la ejecución de políticas públicas esenciales en el desarrollo de una sociedad: las carencias de alimentación que sufre la niñez y adolescencia en Córdoba (provincia productora líder de alimentos básicos) es 23% más elevada que el promedio nacional.
¿Se puede hablar de progreso en estas condiciones? “La palabra progreso no tiene ningún sentido mientras haya niños infelices”, decía Albert Einstein.
