Con una pena leve, si se la compara con otros casos similares, se cerró una investigación que fue paradigmática para la Fiscalía de Cibercrimen de la Justicia provincial en materia de uno de los delitos que va en aumento: el grooming, abuso sexual cometido a través de medios digitales.
El expediente se abrió hace dos años por la denuncia de una joven. A partir de su testimonio, la fiscalía buscó y contactó a unas 20 víctimas. A fines de 2019, Armando Quipildor (25) fue detenido el mismo día en que se realizó el procedimiento judicial en su casa, donde fueron secuestrados dispositivos –algunos de alta gama– donde tenía imágenes íntimas de jóvenes a las que había amenazado para obtenerlas.
Hace 10 días, la Cámara 6ª del Crimen lo condenó a siete años de prisión por los delitos de grooming y producción de material de abuso sexual infantil, abuso sexual gravemente ultrajante, estafa, coacción calificada por anonimato en calidad en contexto de violencia de género reiterado y tenencia de imágenes de abuso sexual infantil.
En conformación unipersonal con el vocal Enrique Buteler, el tribunal le impuso la obligación de continuar una terapia psicológica y la prohibición a futuro de acercarse a las víctimas.
La sanción fue el resultado de un juicio abreviado. Quipildor reconoció haber cometido los ilícitos por los que fue acusado. Su defensor, Daniel Mazzoccone, y el fiscal Martín Berger acordaron la pena. También prestó consentimiento la Asesoría Letrada –a cargo de Eduardo Caeiro– que intervino solo en representación de dos menores de edad al momento de cometidos los hechos. Los fundamentos se conocerán el 30 de este mes.
El defensor destacó que el acuerdo es “enormemente favorable” para Quipildor aunque reconoció que analiza ir en casación al Tribunal Superior para pedir la morigeración y acercarse al mínimo. Quipildor, quien continúa detenido desde el 18 de diciembre de 2019, habrá cumplido los dos tercios de la condena en 2023, si se confirma el reciente fallo. La Asesoría Letrada pidió expresamente rechazar la morigeración de la pena.
La investigación. En total, son 24 los hechos por los que fue condenado. Cuando se puso en marcha la pesquisa, PERFIL CÓRDOBA publicó el testimonio en primera persona de tres víctimas. Son jóvenes, actualmente mayores de edad, que habían conocido a Quipildor mientras cursaron el secundario en el Colegio Nacional de Monserrat, de la UNC. Aprovechando ese conocimiento previo, las contactó a través de redes sociales ofreciéndoles servicios de seguridad informática.
La maniobra fue rebuscada y hasta les resultó difícil a los investigadores describirla. Él las engañó haciéndoles creer que terceras personas les habían hackeado cuentas en redes sociales y se ofrecía a solucionar el problema, en realidad inexistente.
El único objetivo fue conseguir las claves de sus cuentas en Google, Instagram, Twitter y Facebook. Siguiendo el argumento mentiroso, les decía que para validar sus identidades y recuperar el dominio de los perfiles le tenían que mandar fotos desnudas o en poses insinuantes. Por temor, muchas accedieron a enviarle ese material y a seguir todas sus directivas. De ese modo habría acumulado numerosas imágenes.
“Es la punta del iceberg”, explicó una funcionaria de la Asesoría Letrada. “El daño concreto puede parecer menor, pero el daño potencial es exponencial porque nadie sabe si las imágenes están almacenadas en algún lugar y en cualquier momento alguien puede difundirlas”, señaló.
Sin querella. Solamente una de las jóvenes captadas bajo esta modalidad se constituyó en querellante durante la instrucción, pero luego desistió porque se fue a vivir a México. Por esa razón, en la instancia decisiva del juicio abreviado no hubo querella privada. Un investigador que participó de la etapa inicial reconoció que, en la mayoría de los casos de delitos de grooming, cuando hay multiplicidad de víctimas, como en este caso, evitan participar del proceso por miedo, por vergüenza y por la potencial distribución posterior de sus imágenes.
Es una de las limitaciones que plantea la persecución de este delito: dónde quedan y hasta dónde llegaron las fotos y los videos obtenidos bajo coacción.
Quipildor puede considerar un logro la sentencia, en comparación con otros condenados que recibieron el doble o más de pena. La calificación legal de grooming tiene sanciones que parten de los cuatro años y superan los 20 años de cárcel.
Sin ir más lejos, el extecladista de Trulalá, Franco Daniel Carignano, recibió la condena de 14 años de prisión por hechos similares de parte de la Cámara 8ª del Crimen.
A otro hombre, JEL (se omite su identidad por decisión judicial), le correspondió idéntico monto de pena aplicada por la Cámara 2ª del Crimen. En este caso, todas sus víctimas eran extranjeras o de otras provincias. La diferencia con Quipildor es que JEL fue declarado responsable también por abuso sexual con acceso carnal, todo a través de medios electrónicos.
