La interna de la UCR de Córdoba entra en una etapa decisiva de la áspera rosca de escritorio. Mientras Matías Gvozdenovich (Generación X) y Juan Jure (Más Radicalismo) aceleran sus campañas para la elección del 20 de septiembre, la pelea interna se libra en paralelo en la mesa jurídica, donde ambas listas cruzaron impugnaciones y ahora esperan la definición de la Junta Electoral.
El escenario abre dos caminos: un acuerdo que permita oficializar ambas listas —para lo cual los dos espacios deberían retirar las impugnaciones más letales— o una nueva batalla judicial capaz de condicionar la interna del 20-S.
En el mestrismo, que compite bajo el sello Más Radicalismo, aseguran que existe margen para alcanzar un entendimiento y evitar que la disputa llegue a los Tribunales Federales. Pero también dejan en claro que tienen herramientas jurídicas para avanzar sobre la lista de Generación X si el conflicto escala.
“Hay elementos para ir a la Justicia y voltearle la lista de ellos”, advirtió un dirigente mestrista con dominio de la rosca jurídica. Aunque inmediatamente planteó una alternativa, en un mensaje directo al espacio de Rodrigo de Loredo: “Estamos dispuesto a dejar pasar eso. Vamos a la elección”.
El proceso interno atraviesa una ventana de 72 horas, que vence este sábado, para completar documentación y subsanar observaciones. Después será el turno de la Junta Electoral, que deberá expedirse sobre las impugnaciones de fondo que sigan en pie. Allí se concentra buena parte de las diferencias entre las dos corrientes.
Desde Más Radicalismo cuestionan, entre otros puntos, la conformación de la lista de Generación X para el Comité Central. Según sostienen, fue presentada con un nivel de integración que no cumpliría con las exigencias fijadas por la propia Junta Electoral y con cargos de vicepresidentes que quedaron reservados. El planteo, sin embargo, podría retirarse si el sector deloredista acepta avanzar hacia un acuerdo para competir.
“Si nos ponemos de acuerdo en algunos temas, ni siquiera tenemos que esperar un fallo sobre algunas impugnaciones medulares. Nos ponemos de acuerdo y listo”, planteó una voz del círculo próximo a Ramón Mestre, cuyo espacio pidió a la Junta una reunión entre los apoderados para buscar una salida política a la disputa jurídica.
Otro frente de conflicto gira alrededor de la representación territorial. Desde la alianza opositora rechazan las objeciones deloredistas sobre su lista por la cantidad de departamentos. Su interpretación es que se está confundiendo el requisito para constituir un núcleo interno con las condiciones necesarias para presentar una lista provincial.
“Mientras nosotros estamos tratando de ser laxos y dispuestos a bajar impugnaciones, ellos están tratando de ver si la ganan en el escritorio porque no quieren votar”, cuestionó el interlocutor de Más Radicalismo, en una de las definiciones políticas más fuertes de la pulseada que se libra con el núcleo de poder referenciado en De Loredo.
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En esa lectura aparece también un antecedente que el mestrismo considera determinante: la interna de 2024 y el criterio que, según sostienen, suele adoptar el juez federal electoral frente a este tipo de controversias. La expectativa del sector opositor es que prevalezca el principio de participación y una interpretación amplia que permita a las dos listas competir en las urnas del 20-S.
“Los partidos políticos tienen que elegir democráticamente sus candidatos y sus autoridades partidarias”, sostuvo el dirigente radical, al explicar el criterio que atribuye a la Justicia Electoral.
Otro antecedente, el del juez Miguel Hugo Vaca Narvaja, quien ordenó ir a las urnas en la interna del año pasado por las legislativas nacionales, aunque luego De Loredo decidió bajarse y quedó como única lista la encabezada por Mestre.
La advertencia, de todos modos, es explícita: si las objeciones avanzan y alguna de las listas queda fuera de competencia, la discusión terminará nuevamente en la Justicia. “Si ellos insisten y están dispuestos a ir a fondo, nosotros también tenemos argumentos para llevarlo a la Justicia”, contragolpeó la voz del círculo próximo a Mestre.
Lista “prolija”
Desde Generación X, en cambio, buscan bajar el tono de la disputa jurídica y transmiten confianza en la presentación realizada. Reconocen que existen impugnaciones cruzadas y cuestionamientos sobre departamentos, afiliaciones y circuitos, pero sostienen que se trata de una instancia propia del proceso electoral que ahora debe resolver la Junta Electoral.
“Se venció el plazo de impugnaciones y veremos qué resuelve la Junta Electoral. Estamos confiados en que hemos hecho un trabajo prolijo”, señalaron desde el entorno de De Loredo.
La principal carta política que exhiben es la estructura territorial. “Somos el 75% del partido distribuido territorialmente, tenemos representación departamental y hemos constituido muchos más departamentos”, remarcaron.
En el deloredismo admiten que la discusión jurídica incluye distintos tipos de objeciones, desde la cantidad de departamentos hasta afiliaciones y circuitos incompletos. Pero evitan anticipar una estrategia judicial y prefieren esperar la resolución del órgano encargado de conducir el proceso electoral interno integrado por Graciela Bercoff, Gustavo Bottasso, Eduardo Sánchez, Eduardo Martínez y Adriana Brombín.
El mensaje es, en definitiva, de confianza en la oficialización de su lista y en la fortaleza territorial que aseguran haber construido para disputar el poder partidario.
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La campaña y el escritorio
Mientras Gvozdenovich y Jure recorren el territorio —la Capital y el interior— en busca de votos con fuertes discursos de campaña por el modelo de partido, el factor Milei, la intromisión del PJ y la estrategia en 2027, los apoderados de ambos espacios libran una batalla menos visible, pero potencialmente decisiva.
Cómo se resolverá la discusión jurídica resulta clave en esta instancia del proceso. Detrás de cada impugnación aparece la posibilidad de dejar al adversario fuera de competencia o, por el contrario, garantizar una interna con dos listas.
Desde el espacio opositor plantean un armisticio: retirar las impugnaciones más duras, subsanar diferencias y llegar al 20-S con ambas listas oficializadas. El deloredismo, por ahora, espera la resolución de la Junta y confía en que la presentación realizada y su despliegue territorial permitan superar las objeciones.
Ambos sectores saben que una nueva judicialización tendría un alto costo político y sumaría desgaste a una interna que ya expone una profunda disputa por el control del radicalismo cordobés y su rumbo hacia 2027.
Por eso, la definición inmediata pasa por una disyuntiva política: armisticio o guerra judicial. La Junta Electoral tiene ahora la llave de una etapa que puede ordenar la competencia hacia el 20 de septiembre o abrir un nuevo capítulo de la pelea radical fuera de las urnas: una nueva judicialización de la interna.
