La semana pasada, la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba revocó el sobreseimiento que había dictado el juez Ricardo Bustos Fierro, al empresario Juan Carlos Barrera, a sus hijos Pablo Adrián, Iván Ariel y Mariano Dan y a Carlos Orlando Reartes por el delito de retención indebida. El fallo se enmarca en la causa Bacar, una de los expedientes que siguen complicando al grupo de ese nombre.
Con la resolución de la Cámara, la causa bajará al Juzgado y deberá seguir la instrucción, incluyendo ese delito.
La resolución, firmada por Abel Sánchez Torres y Liliana Navarro, analizó un aspecto controvertido. Si el hecho de que Barrera haya cancelado sus deudas con los damnificados, extinguió o no la persecución penal en su contra. En la apelación, el fiscal dijo que el criterio no es aplicable cuando resulta comprometido el interés público.
Al fundamentar su voto, Sánchez Torres sostuvo que según el análisis de los hechos por los que se acusa a Barrera, “en el contexto en que se habrían cometido excederían el daño individual a las víctimas y serían parte de un entramado delictivo, que incluye otros delitos, la extinción de la acción penal por aplicación del art. 59 inc. 6 del C.P. no es procedente, toda vez que esta causal de extinción de la acción penal sólo podrá aplicarse cuando el daño causado se ciña a una cuestión patrimonial individual. Por lo dicho, corresponde revocar la resolución apelada en cuanto dispuso el sobreseimiento por esos hechos, en virtud de la aplicación de dicha normativa legal”.
Afip. La defensa de uno de los imputados por presunta asociación ilícita, Carlos Alejandro Reartes, había apelado el requerimiento de elevación a juicio que hizo Afip. Sobre esto, los jueces confirmaron la resolución del juez y advirtieron que la cuestión de la legitimación procesal del organismo para intervenir como querellante en los procesos de investigación de delitos conexos a los tributarios, ya ha sido resuelta por la jurisprudencia nacional.
Barrera y dos de sus hijos tienen una condena de prisión en suspenso por el delito de intermediación financiera no autorizada. Mientras, continúa en investigación una parte de la causa por la actividad de Bacar, por presunta asociación ilícita y defraudación, hay otra por presuntas irregularidades en el Club Instituto Atlético Central Córdoba mientras fue su presidente. Y en la Justicia Provincial deberá enfrentar un juicio por una presunta estafa millonaria por la que lo denunció Antonio Mariano, dueño del supermercado Mariano Max.
