La elevación a juicio del exsecretario de Ambiente, Raúl Costa, y dos funcionarios de esa dependencia por autorizar un emprendimiento inmobiliario en zona de máxima protección de bosques, tendrá efectos en un amparo que se tramita en el fuero civil. Se trata del que promovieron vecinos de diferentes localidades de las Sierras Chicas quienes sostienen que nunca debió autorizarse a la empresa Ticupil SA a realizar un loteo de 160 hectáreas en Candonga porque la ley de bosques colocó al sector en la calidad de máxima protección ambiental.
El amparo solicitó la caducidad -por ilegal- de la resolución 1.200 de la Secretaría de Ambiente, en ese momento a cargo de Raúl Costa. Se presentó en Jesús María y por una apelación se encuentra ahora en la Cámara 4° Civil y Comercial que dictó la “prejudicialidad penal”. Es decir que los jueces esperan la decisión del fuero penal para analizar la cuestión de fondo: si debe mantenerse o derogarse la resolución que autorizó el emprendimiento inmobiliario turístico.
En estos últimos dos años, en efecto, la Cámara fue solicitando periódicamente informes a la Fiscalía Anticorrupción donde se tramitaba la denuncia contra los funcionarios provinciales. El viernes, en ese expediente, el fiscal Matías Bornancini culminó la instrucción y elevó a juicio por abuso de autoridad a Raúl Omar Costa (exsecretario), Abel José Anuzis y Jorge Antonio Ferrari, estos dos últimos también responsables de diferentes áreas de la dependencia.
El abogado Juan Smith, que patrocina a los amparistas, destacó la claridad y contundencia de la resolución del fiscal porque expone los argumentos por los cuales nunca debió autorizarse a la empresa.
Al ser zona roja, cualquier tipo de aval oficial debe estar precedido de un estudio de impacto ambiental y también debe realizarse una audiencia pública. En este caso, ninguno de los dos requisitos se cumplieron. Con el aviso del proyecto, los empresarios obtuvieron la firma de Ambiente.
También el Ersep. Paralelamente, en la Cámara Contencioso Administrativa de 1° Nominación, se tramita otro amparo por la resolución N° 52 emanada del Ente Regulador de Servicios Públicos, Ersep, que autorizó trabajos para una planta eléctrica que proveyera del servicio al loteo. En este expediente, el juez Leonardo Massimino rechazó la medida cautelar, los vecinos apelaron y se concedió el planteo sin efectos suspensivos. Está, ahora, a consideración de la Sala Electoral del Tribunal Superior de Justicia.
