En el marco del cumplimiento de los 40 años de Democracia ininterrumpida en nuestro país, he presentado un proyecto de ley que tiene por objetivo incorporar al Código Penal un régimen sancionatorio de las conductas públicas de negación, apología y/o reivindicación respecto a genocidio y crímenes de lesa humanidad.
El texto tiene como fin actualizar nuestra normativa a lo que prescribe nuestra Constitución, nuestra jurisprudencia y los tratados internacionales que nuestro país ha suscrito y ratificado. El proyecto incorpora un agravamiento de las sanciones para funcionarios públicos, con destitución de su cargo e inhabilitación especial, que abarca todas las jerarquías y jurisdicciones. Se basa en la premisa de que la tarea de quienes cumplimos funciones de gestión, legislación y justicia de lo público, debe ser enfática y ejemplarmente defensora de la institucionalidad, de la democracia y de los derechos humanos. Es por ello que se incluye, además de la sanción, capacitación para los funcionarios que incurran en discursos negacionistas.
En estos últimos años en la región y en nuestro país, minorías intensas acompañan las propuestas neoliberales impulsando expresiones de odio, de desprecio por la vida, de denostación de las luchas de nuestro pueblo y de rechazo a las políticas institucionales y acuerdos sociales a los que, histórica y comunitariamente, hemos arribado. Muchos de estos actores han sido ejecutores, beneficiarios, cómplices y/o adherentes del genocidio y el terrorismo de estado.
Pese a que la sociedad ya marginó y deslegitimó sus discursos, encuentran en el negacionismo, ante las crisis socioeconómicas, una vía para dar cauce a la continuidad de sus propósitos, amenazando la convivencia democrática, de la mano de sectores que promueven un estado represivo. Sancionar estas conductas parte de un acuerdo colectivo, jurídicamente enmarcado, para minimizarlas y erradicarlas progresiva pero definitivamente.
La libertad de expresión, aquella por la que lucharon tantas y tantos compatriotas, muchos dejando la vida en ello, no puede jamás ser contraria al sostenimiento democrático, el respeto por la institucionalidad y la verdad histórica. Así lo entiende, por ejemplo, la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969 cuando expresa: “El derecho a la libertad de expresión no puede ser cercenado, pero sí se encuentra, en cambio, inexorablemente sujeto a responsabilidad ulterior —fijada por Ley— a fin de asegurar el respeto a los derechos y la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
Asimismo, dicha normativa prohíbe “toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional”.
La legislación comparada me permite acentuar mi convicción sobre la importancia de regular las expresiones de odio en torno a delitos de lesa humanidad, crímenes históricos y procesos dictatoriales de violación de los derechos humanos en el mundo y su multiplicación a través de la difusión y repetición.
Son muchos los estados nacionales que han avanzado restringiendo las expresiones de odio y de negacionismo y en todos ellos las regulaciones se fundan en el carácter socialmente prioritario del reconocimiento de la verdad histórica, del fortalecimiento institucional, del sostenimiento del estado de derecho y el respeto por los derechos humanos.
A cuatro décadas de la recuperación de la democracia, es tiempo de dotar al Estado de una ley que resguarde a la ciudadanía de quienes atentan contra ella. Están dadas las condiciones coyunturales para que mis pares me acompañen y debatamos, modifiquemos y enriquezcamos este proyecto cumpliendo nuestro deber de legislar en favor y defensa de las y los ciudadanos.
Eduardo Fernández es Diputado Nacional del FdT por Córdoba y autor del proyecto
