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CóRDOBA / PROTOCOLO COVID-19
domingo 21 junio, 2020

Una reunión de fiscales generó un escándalo en tribunales federales

La Cámara Federal cuestionó el encuentro presencial y elevó un informe al Consejo de la Magistratura. El Ministerio Público Fiscal presentó su descargo ante la Procuración.

LILIANA NAVARRO. La presidenta de la Cámara Federal cuestionó el encuentro presencial al que consideró violatorio de las normas dispuestas en el edificio. Foto: Cedoc Perfil

Inesperado, inusitado y virulento cruce generó la realización de una reunión presencial de 11 personas en una sala de audiencias de tribunales federales.

El encuentro había sido convocado por los fiscales generales Carlos Gonella y Maximiliano Hairabedian para coordinar con el Ministerio Público Fiscal (MPF) de la Provincia la actuación en delitos derivados de la violación de la cuarentena. La reunión se iba a realizar en el despacho de Hairabedian pero, al ser un espacio reducido, pidieron autorización para realizarla en la sala del Tribunal Oral Federal 1 (TOF1).

La presidenta, Carolina Prado, entregó las llaves del recinto ubicado en el 2° piso, donde finalmente se concretó el 1 de junio último. El resultado de lo acordado en el transcurso del encuentro fue ampliamente difundido a través del portal del MPF de la Nación.

Sin embargo, lo que hasta ese momento era una reunión de trabajo más, se convirtió en un escándalo.

La Cámara Federal de Apelaciones emitió una acordada advirtiendo que ni el TOF1 ni el MPF habían comunicado a la Secretaría de Superintendencia la realización del encuentro. Así, exhortó al TOF1 “al cumplimiento efectivo de las disposiciones que esta Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba dicta de manera preventiva en el marco de la pandemia por Covid-19”.

Inmediatamente, el Tribunal Oral aludido solicitó un informe a los fiscales y también emitió un acuerdo de sus tres integrantes, Carolina Prado, Julián Falcucci y Jaime Díaz Gavier, donde puntualizaron las medidas que adoptaron los concurrentes a la reunión en respeto a las normas sanitarias dispuestas en el edificio a raíz de la pandemia.

De esta forma, refutaron la acusación de que dicho encuentro haya sido violatorio de las disposiciones adoptadas por la Cámara. Pero en uno de los últimos párrafos, además de remitir el pronunciamiento también al Consejo de la Magistratura, señalaron: “Corresponde exhortar a dicha Cámara a que en lo sucesivo cualquier comunicación que se haga a este Tribunal sea hecha en los términos que corresponden a una relación de tribunales federales de igual rango”.

Por su parte, los fiscales informaron sobre el incidente a la Procuración General de la Nación y reseñaron las medidas adoptadas en el ingreso y durante el encuentro, donde respetaron las distancias. Explicaron, además, que la hicieron presencial porque en ese momento una resolución judicial había considerado irregular la actuación de tres fiscales que habían presentado la jubilación, refiriéndose a Gustavo Vidal Lascano, Alberto Lozada y Graciela López de Filoñuk.

Como corolario de la nota resaltaron: “Resulta inaceptable que un Tribunal Federal desconozca la autonomía institucional del Ministerio Público Fiscal, lo intime sin razón, pretenda limitar su actuación en cualquier circunstancia, menos en el presente contexto, y mucho menos en relación al particular motivo del encuentro cuestionado: cumplir con su deber constitucional de actuar promoviendo la Justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad”.

Cuestionamiento. Consultada por PERFIL CORDOBA, la presidenta de la Cámara Federal, Liliana Navarro sostuvo que la Superintendencia que tiene ese tribunal sobre el edificio “no solo es una facultad, sino también una responsabilidad; las reglas de intendencia las fija la Cámara. ¿Se imagina si en ese encuentro alguien se contagia de coronavirus? Habríamos sido responsables nosotros, y en particular yo, que soy la presidenta.

Al no haber informado y pedido autorización a la Cámara, violaron los protocolos que se habían fijado y establecido”, puntualizó.

Navarro rechazó que establecer pautas y protocolos en el palacio de tribunales signifique afectar la independencia del Ministerio Público Fiscal.


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