Por RODRIGO LÓPEZ TAIS
Abogado. Docente.
El pasado jueves 8 de marzo, la Sala 4a de la Cámara del Crimen del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, condenó al excomisario Julio César Suárez, al hallarlo autor penalmente responsable de la comisión del delito de amenazas coactivas contra el periodista Abel Dante Leguizamón.
El Tribunal encontró acreditados los extremos probatorios que determinaban que el jefe de la Policía de la Provincia de Córdoba durante el tercer mandato del ex gobernador José Manuel de la Sota había incurrido en la conducta tipificada en el Art. 149, inc. a), párrafo 3a del Código Penal, el cual sanciona a quien haciendo uso de amenazas se proponga obligar a otra persona a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad. Es decir hablamos de un delito contra la libertad individual. Delito que, en este caso concreto, por las características que rodearon al hecho y por el rol social que desempeñaban en ese momento sus protagonistas, se revelaba claramente como un intento indisimulado de coartar la libertad de expresión de un periodista, en procura de evitar expresiones críticas hacia la política de seguridad del gobierno de entonces.
La sentencia del tribunal tiene especial trascendencia en varios aspectos.
En primer lugar porque, enrolado en las mejores tradiciones republicanas, el tribunal amparó la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho de peticionar ante las autoridades como el trípode esencial sobre cuál se asientan, en nuestro sistema constitucional, los derechos civiles y políticos. El ejercicio de esos derechos es lo que en definitiva garantiza la existencia del debate público en un marco de pluralidad, conditio sine qua non para el desarrollo de una sociedad democrática.
En segundo lugar, el fallo viene a enervar una línea discursiva de corte punitivista que, en nombre de la seguridad, embiste contra las libertades fundamentales y las garantías constitucionales reconocidas a todos los ciudadanos en un Estado de derecho. Si bien habrá que esperar que se den a conocer oportunamente los fundamentos del fallo, es evidente que aún frente al pedido de absolución de la fiscalía, el tribunal desestimó aplicar lo que ampulosamente el Ministerio de Seguridad de la Nación ha dado en llamar la “nueva doctrina policial”. Basada en una presunción que indica que, en caso de duda, siempre deberá de estarse a la interpretación más favorable a las fuerzas de seguridad.
En tercer lugar, el fallo del tribunal contiene un mensaje indeleble. Desde el “navarrazo” acaecido en 1974 a la “huelga policial” de 2013, la Policía de la Provincia de Córdoba ha puesto de manifiesto serias dificultades para asimilar, internalizar y reproducir há- bitos republicanos y conductas democráticas. Es imperioso entonces que el Gobierno de la Provincia de Córdoba tome nota de este fallo e impulse un debate público, amplio, serio y profundo sobre la instrumentación y evaluación de políticas de Estado en materia de seguridad democrática.
Finalmente, hay una dimensión que excede el aspecto técnico-jurídico del fallo y se vincula con la esencia de una democracia participativa. Si luego de valorar la prueba, los testimonios y escuchar a las partes el tribunal hubiese hecho lugar al pedido de absolución planteado por la fiscalía, más de un ciudadano podrían haber razonado de la siguiente manera: “Si el jefe de policía amenaza a un periodista de un medio de comunicación masivo y es absuelto, no quiero imaginarme lo que pude padecer un ciudadano común que se anima a denunciar al poder”. Razonamiento que, sin lugar a dudas, anima la autocensura y provoca retracción en el compromiso social de los ciudadanos. Por eso, este fallo también contiene un mensaje de pedagogía cívica: La democracia necesita ciudadanos libres. Para ser libres hay que vencer al miedo. Luego de este fallo, podemos decir que en Córdoba contamos con una vergüenza menos y una libertad más. Los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan.
