Después del requerimiento de imputaciones a exdirectivos de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) que firmó la fiscal federal Graciela López de Filoñuk, el titular del Juzgado Federal 3, Hugo Vaca Narvaja, fijó las fechas de las audiencias para las declaraciones indagatorias de las personas investigadas. Las mismas comenzarán el martes 19 de noviembre, día para el que han sido citados Aldo Oscar Creche, Julio César Lombardi y Daniel Alejandro Sorkin.
Al día siguiente deberán presentarse a declarar Marcos Sebastián Ochoa, Pablo Santiago Jorge Bravo y Raúl Alejandro Ferreyra.
El jueves 21, en tanto, será el turno de Rodolfo Antonio Spiridione, Adriana María Leonor Andrada y Cecilia Samuele.
Los expresidentes de la fábrica, por su parte, han sido convocados para la semana siguiente: Matías Julián Savoca –encabezó la empresa desde 2013 hasta 2015- junto a Rafael Octavio Lanza Castelli, el 26 de noviembre.
Raúl Alberto Argañaraz –presidente hasta 2013- y Juan Carlos Giraudom irán a tribunales el 27.
La fiscal López de Filoñuk consideró que hubo irregularidades en el manejo de FAdeA entre los años 2011 y 2015. Por eso a las imputaciones, con diferentes roles y niveles de responsabilidad, las fijó por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
Pasos a seguir. La citación a indagatorias tiene como objetivo que los imputados ejerzan su derecho de defensa. A partir de ahí, el magistrado resolverá si corresponde procesar, sobreseer o dictar falta de mérito. La investigación se inició en marzo de 2016, de oficio.
En aquel momento se había dado a conocer el resultado de una auditoría externa que encargó la por entonces nueva administración de FAdeA, cuando ingresó el macrismo al poder. El estudio arrojó pérdidas por $1.400 millones y desvío de otros $300 millones. López de Filoñuk promovió las acciones a partir del trabajo de peritos contables de la Policía Federal Argentina.
El análisis arrojó que existieron contratos disvaliosos para el Estado. En algunos casos, se hicieron compras omitiendo procedimientos administrativos y legales que debían ser cumplidos.
El otro punto aludía al notorio aumento de personal sin que ello se refleje en la productividad de la empresa, que no fabricaba aviones. Llegó a contar con una planta de 1.600 empleados. Los ingenieros especialistas también se incrementaron sensiblemente. Pasaron de ser 201 en 2010 a 269 en 2015, mientras no se producía ningún avión.
Algunos de los convenios cuestionados fueron la compra directa de un helicóptero a la empresa China National AeroTechnology Import & Export Corporation (Catic), que costó US$6 millones. Llegaron los manuales de uso, pero se puede poner en funcionamiento. También se observó la compra de motores Honeywell para los aviones Pampa, pese a que no se produjeron las naves. Cada uno costó US$1,8 millones.
