Uno de los temas en los que el gobierno mostró dilaciones y dudas a lo largo de toda la gestión de la crisis —y antes también— fue el tema de los jubilados. Esta semana el gobierno adelantó que el aumento que corresponde hacerse en el mes de junio será por decreto. El Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, adelantó el tema. Los especialistas en derecho previsional advierten que la continuidad del sistema elegido puede ser el germen de juicios a futuro.
En diálogo con PERFIL, Federico Despoulis Netri, señaló que “con relación a la nueva movilidad que está planteando el gobierno nacional, que es por decreto nuevamente, va a tener la complicación de que primero no haya pasado por el Congreso de la Nación, y segundo que no vamos a saber cuáles son los índices que se van a poder utilizar para poder sacar y determinar cuál va a ser la movilidad exactamente. Después va a tener características propias, como es la extensión por 180 días de esta movilidad que ya teníamos, que fue lo que se firmó en 2019, que es la ley 27541, que trata justamente el tema de la solidaridad y la movilidad. La consecuencia de esto es que hasta fin de año seguramente los jubilados no van a tener una movilidad coherente y establecida. Lo que van a tener es un decreto del Poder Ejecutivo. Y eso puede ocasionar problemas”.
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Lo urgente y lo importante. Para el especialista, “la pandemia y el coronavirus generó la necesidad del presidente de la Nación de tomar el tema de la movilidad de una forma mucho más trascendente. Y viendo que no hubo hasta ahora reuniones de los diputados y de los senadores habrá decidido hacerlo de esta manera. Ahora bien, una cosa es que por los primeros meses, se deba hacer de esta forma. Pero extenderlo por 180 días más va hacer que un grupo de jubilados esté perjudicado. Desgraciadamente, si se mantiene la movilidad anterior, vamos a tener una cantidad de jubilados con una escala que beneficie a los que tienen un haber más bajo por los que tienen un haber más alto”.
Grupo de riesgo. Para Despoulis estamos frente a un nuevo escenario peligroso: “Anses se ha considerado a sí mismo un servicio esencial, por parte de su nueva directora ejecutiva, María Fernanda Raverta —explica—. Y esto tiene una consecuencia directa importante. Es un beneficio, pero no sabemos para quién, con el tema de las iniciaciones se le está pidiendo a los empleados administrativos que vuelvan a trabajar, aparentemente para que los beneficiaros vayan siendo incorporados a las jubilaciones y se vayan sacando sus beneficios.. Lo que va a pasar es es que de acá en adelante vamos a tener que tener un nuevo sistema para poder acoger a todos los beneficiaros, que, además, son las personas de mayor riesgo, quienes tienen que ir a la Anses a hacer sus trámites. Y esto es un nuevo inconveniente”.
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Badaro 3. “La gran pregunta que todo el mundo se hace es qué va a pasar con la movilidad, que ya está pasando lo que habíamos anticipado hace unos meses en febrero, cuando se empezó a tratar el tema de las jubilaciones: va a generar de a poco una complicación en el tema de la movilidad a futuro. Si se mantienen las condiciones a futuro y se extienden estos 180 y recién el año que viene el congreso trata el tema caer los juicios de reajustes pidiendo una nueva movilidad. Lo que sería un Badaro 3, en donde la gente va a pedir que, por ejemplo, las personas que ganaban por encima de los 20 mil pesos, las personas que cobran un haber apenas más alto que la mínima van a exigir que se le pague la movilidad que le corresponde y que se le pague aquello que se le pagó durante todo este tiempo. Esto va a traer inevitablemente una consecuencia judiciable y judicial, que puede complicar no sólo al gobierno, sino a los futuros”, dice el abogado previsionalista.
