Después de que la Corte Suprema de Justicia fallara a favor de la movilidad de las jubilaciones, el
director del Instituto de Desarrollo Social Argentino (IDESA),
Osvaldo Giordano, calculó en 8 mil millones de pesos la suma que la ANSES deberá pagar
anualmente para adecuar los haberes de los trabajadores retirados, más la retroactividad
que deberá atender por los años caídos desde 2002 a 2006.
Giordano señaló que
"este fallo pone justicia, ya que era abusiva la manera que se estaba manejando la
situación desde el Estado para este grupo de gente", que sufre
el congelamiento de sus jubilaciones desde la aprobación de la Ley de
Solidaridad Previsional en 1995 propuesta por el entonces ministro de Economía de
Carlos Menem, Domingo Cavallo.
Para el titular de IDESA, lo que se busca reparar mediante el fallo del máximo tribunal es
"la desproporción del ajuste" de los haberes del litigante, "que entre 2002 y 2006 sólo recbió 11
por ciento, cuando el índice de inflación fue de 100 por ciento".
En un fallo anterior, la Corte le había pedido al Legislativo que tome en cuenta esta
diferencia y le otorgó un tiempo prudencial y en éste señalá que ese tiempo pasó y fija un criterio
de copmpensación, a través del Indice Salarial que releva el Instituto Nacional de Estadística y
Censos (INDEC).
"Que sea el Congreso el que fije la regla de ahora en más y que hacia el futuro tome en
cuenta este aspecto es positivo, pero no necesariamente los legisladores deben seguir esa línea",
advirtió. Según su criterio, "el tema sigue abierto y el Tribunal no impone el salario como
variable ante el vacío y el hecho que no le prestaron atención al pedido anterior".
En cuanto al modo de calcular los ajustes, Giordano expresó que a su juicio,
"no necesariamente" la Ley que la Corte le pide al Congreso debería considerar la movilidad
de los salarios, sino que el criterio "debería contemplar la particularidad que tiene el
sistema previsional de recibir fondos desde otros orígenes, ya que todos los ingresos no están
atados al salario".
En cuanto a los
juicios, el experto señaló que
"se habla de 50 mil personas, pero el número total afectado por estas causas de movilidad
podrían ser unos 700 mil. El resto de la Justicia tomará este fallo como referencia, pero
siempre están los topes o trabas que pondrá la ANSES para demorarlos".
Con respecto al costo fiscal, estimó que implica "una cifra enorme, de magnitudes relevantes"
y la calculó en "un aumento de 8 mil millones anuales, más allá de la deuda generada por este no
pago de estos años".
Sobre el financiamiento al Tesoro que acaba de hacer la ANSES, con la suscripción de un bono
a 26 años por U$S 542 millones, Giordano señaló que "hoy la ANSES vive una situación muy holgada en
materia de Caja, pero hay que ver cómo hace a futuro, ya que habrá más déficit que beneficios".
Finalmente el especialista determinó que si se analiza estructuralmente la cuestión
jubilatoria y se contabiliza a los beneficiarios que entraron recién por la moratoria, más los
ajustes que ordenó la Corte y situaciones aún no atendidas de las cajas provinciales, "se ve un
panorama a futuro extremadamente complicado", explicó.
Fuente:
DyN