La Policía Federal (PFA) realizó múltiples allanamientos en el marco de la causa que investiga una presunta estafa piramidal por parte de la fintech Wenance y de los brokers que trabajan para la compañia, que tuvo como víctimas a, por lo menos, 50 inversionistas, por 250 millones de pesos.
Los procedimientos, encabezados por detectives de la división Antifraude de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA, resultaron “exitosos” por la “cantidad de material digital y en soporte papel incautado durante los registros”, informó la PFA este viernes 4 de agosto a través de un comunicado.
En los allanamientos, tres de los imputados identificados, que ofician como principales responsables de Wenance, fueron notificados formalmente del inicio de la causa y de los hechos que se les imputan.
Uno de ellos es Alejandro Muszak, dueño de la fintech, quién junto con otros de los responsables ya posee “varias causas abiertas en distintos juzgados de Capital y distintas provincias, donde se siguen recibiendo presentaciones de distintos damnificados”.
Además de fijar las fechas para que realicen la declaración indagatoria, se les prohibió salir del país.
Las medidas fueron dispuestas por el Juzgado de Instrucción del Distrito Sur Nro. 03 de la ciudad de Ushuaia, a cargo del Dr. Federico Vidal y secretaria a cargo del Dr. Salvador Stratico.
El operativo, además de efectuarse en los domicilios particulares de los responsables de Wenance, involucró la sede de Promotora Fiduciaria S.A, donde se secuestraron numerosos libros contables.
También se realizaron allanamientos en los domicilios de las firmas Créditos al Río y Arrayanes Capital.
¿Qué pasó con Wenance?
Según precisó la PFA, la investigación parte de la identificación de una “estafa centrada en fideicomisos de la empresa”.
Se estima que, al menos, unos 50 inversores fueron estafados por un monto que ascendería a 250 millones de pesos.
Los detectives que llevaron adelante la investigación afirman que Wenance, a pesar de las irregularidades detectadas, jamás dejó de tomar dinero de inversores bajo el pretexto de que invertiría en su sede de España debido a la situación económica en la Argentina.
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Asimismo, la Justicia de Córdoba ya investiga cuatro denuncias por supuestas estafas por parte de la financiera.
“Han ingresado denuncias de distintas personas en contra de una firma comercial que aparentemente les habría ocasionado algunos perjuicios económicos. Habrían hecho inversiones en esa financiera y no habrían cumplimentado con lo que estaba acordado”, explicó la secretaria Silvana Scarpino, de la Fiscalía del Distrito I Turno 6 a cargo de José Bringas.
El abogado representante de las víctimas, Carlos Nayi, calificó a los imputados de “verdaderos impostores que captaron ahorro público bajo una propuesta tentadora, un interés mensual de aproximadamente el 112% anual, equivalente a un mensual tentador”.
El caso fue anticipado días atrás cuando Wenance quedó en el centro de la polémica luego de que le comunicara a sus clientes que no podría afrontar el pago de los vencimientos por las inversiones realizadas.
Además, la fintech, a través de los sitios web “prestohoy.com.ar”, “micredito.luquitas.com.ar; “holamango.com” y “welp.com.ar”, ofrecía préstamos a personas en situación de vulnerabilidad económica con mínimos requisitos para su contratación, pero con tasas de interés muy superiores a las que brindaban los bancos y entidades financieras tradicionales
Ya desde 2020, distintas personas habían denunciado las prácticas abusivas de la empresa ante la Dirección General de Acceso a la Justicia.
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En una causa paralela, la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional número 16 estableció diversos elementos de prueba que evidencian un "patrón de comportamiento presuntamente ilícito, sistemático y reiterado en el tiempo", en relación con sus tomadores de créditos.
También "se determinó un posible aprovechamiento de la necesidad y la inexperiencia de las personas que contrataron con las firmas, dado que se pactaron intereses abusivos, entre otras irregularidades", indicaron.
La PFA no descarta “la realización de futuras medidas a partir de la importante cantidad de documentación secuestrada durante los allanamientos, los que están siendo objeto de análisis por parte de los investigadores”.
LDG CP
