En temporada de control de importaciones, hasta las contratistas de obra pública tienen que recurrir a los recursos de amparo judiciales para el ingreso de bienes del exterior.
Los amparos, por ejemplo, habilitaron insumos para obra pública en la provincia de Chaco, que tiene al ex jefe de Gabinete y candidato a intendente Jorge Capitanich como principal referente político del oficialismo y hoy lleva adelante sus elecciones.
Según explicó la abogada Mariana Gallego, que se especializa en representar a empresas que necesitan liberar importaciones, “una empresa cordobesa que importa materia prima para la instalación de acueductos tuvo que presentar tres amparos, por DJAI frenadas de US$ 5 mil a 500 mil, para poder cumplir con los contratos”. Y el mismo cuadro se repitió en otras provincias como Santiago del Estero, donde gobierna Claudia Ledesma, esposa y sucesora de Gerardo Zamora, referentes del radicalismo K.
Asimismo, los operadores del comercio exterior coinciden en que, una vez terminadas las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) electorales de agosto, aumentó el 20% la demanda de amparos, que ya había mostrado un crecimiento significativo en los últimos años.
Incluso fuentes de Aduana indicaron que la mayoría de los contenedores se libera “en base a amparos”, que en realidad son medidas cautelares que se resuelven en unos quince días.
El costo de la vía judicial, en tanto, oscila entre el 7 y 10% del embarque, un costo que también se traslada a los precios internos. La importación vía amparo era, hasta ahora, más utilizada en el caso de los productos terminados, ya que insumos y partes para producción tenían mayores posibilidades de conseguir la aprobación de la DJAI de parte de la secretaría a cargo de Augusto Costa.
El grifo se cierra cada vez más. “Se está aprobando un 30% menos que antes de las PASO”, aseguró desde el Centro de Estudios para el Comercio Exterior Miguel Ponce.
