El Gobierno analiza la posibilidad de modificar el esquema fijado en el impuesto a los automóviles de alta gama, estableciendo un aumento importante en el precio mínimo de tributación, como una forma de generar condiciones para que los vehículos puedan bajar en algo los valores y que se reactive la venta del sector, que se cayó abruptamente.
Ante la ola de suspensiones y recortes de turnos que se están iniciando en diversas plantas de las terminales automotrices, el ministro de Economía, Axel Kicillof; y la titular de Industria, Débora Giorgi, mantuvieron contactos con los ejecutivos de Adefa (Asociación de Fábricas de Automotores) para coordinar la forma de implementar esos cambios.
Según comentó una fuente del equipo económico, las modificaciones se realizarían por proyecto de ley, que se enviaría al Congreso en los próximo días.
“El punto central es modificar el piso del impuesto, que ahora está en $ 170 mil”, aseguró.
La modificación elevaría ese piso a un valor de entre $ 280 mil y $ 300 mil, lo que les permitiría a las terminales aplicar rebajas de precios en diversos modelos de vehículos.
A pesar de que en la última semana y en una reunión que mantuvieron los industriales con Jorge Capitanich, jefe de Gabinete, se descartó la derogación de ese impuesto, en el transcurso de los días la fuerza de los hechos habría sido contundente para que el Gobierno modificara su postura.
Con suspensiones de personal en Volskwagen, Fiat y General Motors, y posibles cierres de unidades de negocios en varias importadoras de automóviles, el Gobierno decidió reaccionar y buscar una solución antes que esta situación se transforme en una bola de nieve.
De hecho, en enero la producción automotriz en el país cayó nada menos que 18% y por eso, los ejecutivos advirtieron en las últimas conversaciones con el Gobierno que la situación está al borde de los despidos de personal.
Pero no es el único frente empresarial y gremial que tiene que atender Economía por estas horas: los trabajadores de la ciudad fueguina de Río Grande están en una situación cada vez más complicada.
Según advirtieron delegados gremiales del sector metalúrgico, diversas empresas terminales de electrónica están empezando a suspender personal y quitando horas extras.
“Este es el comienzo, porque lo que nos han dicho es que las ventas de los productos electrónicos se han caído estrepitosamente y que difícilmente puedan mantener la estabilidad laboral”, advirtió un delegado gremial.
El oficialista Antonio Caló, secretario general de la UOM, mantendrá un nuevo encuentro con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y con el ministro Axel Kicillof para que se pueda encontrar una solución a un sector que también padeció en carne propia los efectos de la devaluación.
