La Argentina es uno de los países que más impuestos le cobra al juego, pero tiene las regulaciones más laxas en materia de prevención de lavado de dinero por los vínculos entre los casinos y las entidades financieras. Así surge de un relevamiento exclusivo realizado por el gigante de la información legal y tributaria Thomson Reuters para PERFIL sobre las legislaciones de Brasil, Uruguay, Chile, Perú y los Estados Unidos.
De acuerdo con los datos relevados, en la Argentina se cobra la alícuota más alta de Ganancias, con 35%, mientras en Uruguay esa suma se reduce al 25% y en Perú sólo alcanza el 12%.
Además, tanto en Perú, en Chile como en nuestro país, existen impuestos especiales para las compañías de juego de azar, a los que deben sumarse los pagos del IVA y los Ingresos Brutos locales, como en la provincia de Buenos Aires. En Uruguay el Estado tiene el monopolio del juego y los casinos poseen una “explotación mixta”, según explican expertos locales. Consiste en que el Estado no renuncia a la explotación, pero pasa a cobrar un monto fijo. Así funcionan el Radisson y el Conrad. Las ganancias que obtienen estos privados están alcanzadas por el Impuesto a la Renta de las Actividades Empresariales (IRAE).
El socio regional. Brasil, en tanto, no tiene una norma federal relativa a la distribución y venta de billetes y otros productos de lotería, bingo, tarjetas, cupones de apuestas, sorteos, premios. El negocio a nivel nacional fue prohibido por el gobierno de Lula Da Silva. Y el resto de las normas recae en cada uno de los municipios.
Por caso, en San Pablo y Río de Janeiro, los casinos y loterías pagan el impuesto a los “Servicios de Cualquier Naturaleza, de carácter municipal”. En este caso, está referido a la distribución y venta de billetes de lotería y productos similares. La alícuota del impuesto es de tan sólo 5% y se calcula sobre el precio de servicio que varía entre casinos y otras actividades como carreras de caballos.
Al Norte. Estados Unidos tiene un extenso cuerpo de normas que establece pagos mínimos por operación, y fija una alícuota del 25% sobre las ganancias de las compañías. Además, en Estados Unidos las empresas quedan bajo dos sistemas de control, uno interno y otro externo, en manos de los organismos estatales. El IRS (Sistema de Impuestos Internos) obtiene información de las agencias de juegos y cruza los datos con diversos organismos a fin de seguir de cerca el pago de impuestos.
Lavado. En lo que se refiere específicamente a las normas para el control del lavado de dinero, varios países establecieron claros límites entre las empresas de juegos de azar y el sistema financiero. Se trata de dos sectores calificados como de “alto riesgo” bajo la mirada del Grupo de Acción Financiera (GAFI) que imparte recomendaciones que deben ser seguidas por los países miembro.
El organismo solamente desaconseja que las dos actividades se vinculen, situación que posibilitó que recientemente en la Argentina, el empresario Cristóbal López ingresara como accionista al Banco Finansur a pesar de ser el zar del juego vía Casino Club. De hecho la operación fue aprobada por unanimidad y con expresa autorización de la Unidad de Información Financiera (UIF). Así, la Argentina exhibe algunos puntos laxos en la legislación vigente, en contraste con sus vecinos.
Según Thomson Reuters, en Chile y en Uruguay hay una prohibición tajante para que se vinculen juego y finanzas. En el vecino país, las principal empresa “Polla Chilena de Beneficiencia SA”, es una sociedad anónima formada por accionistas estatales, y Lotería de Concepción emerge de la Universidad de Concepción. Y las empresas estatales tienen prohibida su participación en bancos. En Uruguay, en tanto, está prohibida la coexistencia del negocio bancario con el de juegos de azar.
