El Gobierno dispuso una rebaja de los topes de ingresos para la percepción de asignaciones familiares por parte de los trabajadores formales.
Con las modificaciones, el límite de ingresos a nivel individual pasa a ser de de $1.077.403 (antes era de $1.980.000) y el tope máximo familiar, equivalente al doble individual, ahora es de $2.154.806 (previamente era de $3.960.000).
El Decreto 194/2024, publicado este lunes 26 en el Boletín Oficial, abarca a beneficios como el salario familiar por hijo, la asignación prenatal, por adopción y la ayuda escolar anual, entre otros.
¿Qué planes sociales ya no se actualizarán en base al salario mínimo?
El nuevo tope de ingresos familiares fue calculado en base al aumento del índice de movilidad de diciembre (20,87%) y la establecida para marzo próximo (27,18%) por sobre el valor correspondiente a septiembre último, indican los considerandos.
La medida -se indica- es de "carácter urgente para superar la situación de emergencia que afecta a nuestro país".
El año pasado, la administración de Alberto Fernández había determinado que el tope de ingresos de las Asignaciones Familiares estaría igualado con el piso del Impuesto a las Ganancias, por lo que “ante cada actualización que tenga el piso por el cual se comienza a tributar el Impuesto a las Ganancias, también se actualizará el tope hasta el cual se perciben las Asignaciones Familiares”, se había indicado en su momento.
El decreto también derogó el artículo 6° de la ley 27.160 que no permitía a un mismo titular recibir prestaciones del régimen de asignaciones familiares y a la vez aplicar la deducción especial por hijo o cónyuge prevista en el Impuesto a las Ganancias.
Los motivos del Gobierno para cambiar los topes de asignaciones familiares
En los considerandos del decreto se explicó que “la presente medida tiene por objeto implementar una equitativa distribución de los recursos sobre la base del principio cardinal de solidaridad social en atención al uso racional, eficaz y eficiente de los recursos públicos”.
Al mismo tiempo, el Ejecutivo argumentó la decisión en base a que “la República Argentina se encuentra atravesando una situación de inédita gravedad, generadora de profundos desequilibrios que impactan negativamente en toda la población, en especial en lo social y económico”.
LM CP
