Aunque aceptó negociar, el Gobierno acusó al juez de “abuso de autoridad”

Después de horas de silencio, el Gobierno salió en la tarde de ayer a cuestionar con dureza la orden del juez neoyorquino Thomas Griesa: la calificó de “inédita e insólita” y consideró que trató de “impedir a los bonistas cobrar lo que legítimamente es de ellos” al ordenar que no se pague con los U$S 539 millones que el Banco Central había depositado el día anterior para cumplir con el pago del Discount del 30 junio.
Pese a esto, los abogados del estudio que representa a la Argentina Clearly, Gottlieb, Steen & Hamilton, se reunieron ayer con el mediador y los abogados de los buitres para establecer un esquema de pagos y tratar de ganar tiempo para lidiar con la orden que obliga a pagarle a NML, Aurelius, Blue Angel y un grupo de holdouts.
“El juez norteamericano ahora intenta “bloquear” el cobro”, sostuvo el ministro de Economía, Axel Kicillof, a través de un comunicado. “Al tomar tal medida, el juez incurrió en abuso de su autoridad y se excedió en su jurisdicción, porque los bonos de la reestructuración no son el objeto de litigio, sino los bonos del Megacanje que cayeron en default en 2001 y que compraron los fondos buitres a precio vil para obtener ganancias siderales”, agregó el texto oficial.
Lo insólito de la medida, para Economía, es la decisión sobre los títulos del canje y “fondos que pertenecen a terceros”. Y lo inédito lo vincula a que la orden del Juez “intenta impedir que un deudor cumpla sus obligaciones y que los acreedores puedan cobrar”.
Kicillof estuvo hasta el mediodía en la Casa Rosada siguiendo los acontecimientos en la corte neoyorquina con Oscar Parrilli, el secretario general de la Presidencia.
El Gobierno apostó a que la responsabilidad por el no pago a los bonistas que esperan el vencimiento del lunes recaiga sobre Griesa o hasta el Bank of New York. El diputado del FPV Roberto Feletti, consideró que impedir los pagos “lesionará la actividad privada e involucrará a Nueva York como emisora financiera”.
“Al demostrar el país capacidad y voluntad de pago, y de cumplimiento de los contratos, si ese dinero no llega a sus legítimos dueños se estaría alterando el sistema de relación de la propiedad privada y de cumplimiento de obligaciones de agentes de Estados Unidos”, destacó Feletti.
Por su parte, el Gobierno también había dado cuenta del dilema que representaba para el banco pagador, el BoNY. Feletti también había adelantado que el banco realizó dos consultas: “una al juzgado, porque hay un juicio en curso y otra, a la Reserva Federal respecto del sistema de pagos”, ante la encrucijada de tener los fondos en su poder, algo que Griesa zanjó con la orden de devolver la transferencia a la Argentina