El premio más apreciado que un funcionario puede llevarle en estos tiempos a la presidenta Cristina Fernández son dólares. Así, un inesperado recurso esgrimido por el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, para sumar millones de dólares a las arcas nacionales volvió a llevar al límite en los últimos días la relación del Gobierno con las exportadoras de cereales, hasta tal punto que el conflicto comenzó a golpear directamente en las puertas del despacho presidencial. Y, al mismo tiempo, tensó el maltrecho vínculo del jefe de los sabuesos con el secretario de Comercio Guillermo Moreno.
El martes, mientras el impacto de la noticia de la muerte de Hugo Chávez esparcía su halo de zozobra por la Casa Rosada, un dato confirmaba la tensión con los gigantes del campo: una de las principales cerealeras argentinas advirtió por carta a la propia jefa de Estado que si cumplía con la nueva exigencia de la AFIP, la compañía se volvía inviable.
Al identificar el remitente del mensaje, los funcionarios deslizaron el nombre de Vicentin, un poderoso grupo sojero de capitales nacionales con sede en Santa Fe, que muele diariamente 10.500 toneladas de granos. Pero el apetito recaudador apunta a una treintena de poderosas empresas, entre ellas Aceitera General Deheza, Bunge Argentina, Noble y Cargil. Juntas, constituyen el canal por donde ingresan anualmente unos US$ 12 mil millones en concepto de retenciones a las ventas externas de soja.
El conflicto nació cuando Echegaray advirtió a las empresas que a una vieja deuda por el pago de retenciones, cuya disputa viene desde 2008, se le debía sumar el 3% de intereses punitorios mensuales en dólares. Para un grupo de exportadoras, fue la gota que rebasó el vaso. Buscaron sortear a la AFIP y llevar su reclamo directamente a la Presidenta. Tienen herramientas para presionar: Vicentin, junto a otras empresas, se apresta a inaugurar un monumental polo agroindustrial en Timbúes, Santa Fe. Su puesta en marcha, prevista para mediados de año, refuerza la capacidad exportadora de la Argentina. Y mayores exportaciones son, por supuesto, más dólares. Cristina Fernández, claro, está invitada a la inauguración.
La olla, en realidad, viene acumulando presión desde 2008, cuando comenzó a aplicarse la denominada ley Martínez Raymonda. Hasta entonces, las exportadoras congelaban el pago de las retenciones a través de una declaración jurada. Tras la aplicación de la ley, las empresas comenzaron a pagar según las toneladas de grano que tenían efectivamente vendidas. A la espera de la promulgación de la norma, los barcos siguieron saliendo cargados de soja y el impuesto se siguió pagando con el sistema anterior. Pero en el medio, en 2008, aumentaron las retenciones. El problema fue que el Gobierno tardó cuatro meses en promulgar la ley. Las empresas reclamaban pagar la diferencia desde la fecha de la promulgación, es decir, enero de 2008. Para el Gobierno el sistema nuevo había comenzado a regir con la aprobación en el Congreso, es decir, noviembre de 2007. La disputa rondaba unos US$ 500 millones. Los tribunales se cubrieron de juicios. Hubo presiones y negociaciones.
Finalmente, un “pacto de caballeros” destrabó el conflicto y la mayoría de las empresas comenzó a pagar. Meses atrás, sin embargo, al calor de la escasez de divisas, Echegaray advirtió sobre el “detalle” del 3% de punitorios que debía sumarse al pago. Si se cuenta sobre los cuatro meses en disputa entre la aprobación y la reglamentación de la ley, la discusión es por unos US$ 62 millones adicionales. Si se les quisiera reclamar a las empresas desde 2008 hasta el presente, el monto trepa a niveles siderales.
En tanto, Guillermo Moreno viene intensificado su presión al mismo grupo de empresas para que apuren la exportación de granos y aceleren el ingreso de dólares. En la última reunión, los exportadores calentaron los oídos del secretario con las demoras que sufren los embarques, incluso con inéditos operativos antinarcóticos, que los empresarios intuyen impulsados por la AFIP para destrabar el pago de los intereses de la discordia.
