En un seminario reciente, el profesor de la UTDT Juan José Cruces planteó una alternativa para salir del laberinto en que quedó colocado el país tras la confirmación del fallo Griesa: incurrir en default táctico hasta enero de 2015 para retomar entonces los pagos de la deuda reestructurada y encarar una negociación con los holdouts sin activar la cláusula RUFO. Como antídoto contra el daño a la credibilidad y el riesgo de una corrida cambiaria, Cruces propuso que el Gobierno, con un equipo económico creíble al mando, pida apoyo del FMI: su asistencia financiera fortalecería las reservas del BCRA en un contexto de escasez de dólares y crédito; su aval político y técnico fortalecería la posición en la negociación con los holdouts.
La alternativa del default táctico presenta ante todo tres potenciales ventajas. Preserva la sustancia de los canjes de 2005 y 2010, pues el Gobierno puede ofrecer a sus bonistas compensar la caída de los pagos de aquí a enero abonando de una vez esas sumas con sus punitorios a cambio, eventualmente, de una modificación en la sede de los pagos, si no hacia Buenos Aires, a una sede financiera prestigiosa como Londres o Basilea. Fortalece el poder de negociación frente a los holdouts, pues sin la amenaza de la cláusula RUFO y pagando en otra sede, el Gobierno gana tiempo para desgastar a estos acreedores e inducirlos a aceptar pagos menores al 100%. Y le permite al Gobierno mantener en pie su estrategia de salida, pues con estas decisiones los precios de los bonos argentinos podrían mejorar y prestarle al país podría tornarse más atractivo, con lo cual los pasos seguidos desde el arreglo con Repsol rendirían sus frutos facilitándole financiamiento por el resto del mandato.
Para que la alternativa funcione, sin embargo, el Ejecutivo necesitaría contener algunos riesgos importantes. Uno es el de disparar nuevos juicios: para conjurarlo haría falta mostrar inequívocamente tanto la voluntad de pagar como el hecho de que el default es resultado de las condiciones planteadas por el fallo Griesa. Lo primero tal vez podría lograrse proponiendo otra plaza financiera prestigiosa como sede al tiempo que se anuncie la reanudación de los pagos en enero. Lo segundo exigiría explicar en detalle por qué la Argentina no puede afrontar los pagos en la manera ordenada por el juez.
Otro riesgo es el veto de los accionistas mayoritarios del FMI. Para conjurarlo haría falta mostrar inequívocamente disposición a saldar las deudas con el Club de París independientemente de esta coyuntura, y a facilitar condiciones atractivas para las empresas de esos países en las principales oportunidades de inversión que ofrece Argentina. Para lo primero, podría servir, en parte, la asistencia del mismo FMI; para lo segundo, la extensión a otras firmas de lo pactado con Chevron.
Un tercer riesgo es el efecto recesivo de la condicionalidad del FMI. Para conjurarlo haría falta mostrar inequívocamente voluntad de alinear gradualmente las políticas monetarias, fiscales y de ingresos con metas de inflación descendentes. En el frente monetario, ello implicaría mantener tasas altas; en el fiscal, reducir subsidios a servicios públicos sin aumentar el mínimo no imponible de Ganancias; en los ingresos, apostar a moderar las demandas sindicales apelando al temor a la recesión, la asistencia financiera de las obras sociales y la presión sobre el empresariado para mantener el nivel de empleo.
El Gobierno ya viene avanzando en las acciones necesarias para conjurar estos riesgos desde noviembre pasado. Profundizar ese rumbo, capitalizando los costos ya incurridos, podría facilitarle adoptar la alternativa del default táctico. Cabe preguntarse, entonces, por qué no lo haría.
Una respuesta posible es el costo de imagen: el Gobierno quedaría asociado a un nuevo default, a sus consecuencias nocivas para la actividad económica y la inflación en el corto plazo, y al abandono de la posición contraria al FMI y sus programas. Otra objeción enfoca en la reacción posible del peronismo: ante el temor a ser arrastrado a un riesgoso curso que podría lesionar gravemente sus chances electorales, el peronismo podría presionar al Gobierno a cambiar el rumbo o, si éste se resistiera, instar a su reemplazo por una gestión de emergencia. Una tercera objeción es la falta de credibilidad: el actual equipo económico no sería creíble como negociador y ejecutor de esta política.
Sin embargo, este mismo equipo ha ido construyendo reputación al negociar y pactar con Repsol y el Club de París, y el Gobierno en general ya la tiene de plantarse con fuerza ante los acreedores, con lo cual podría amenazar creíblemente a éstos con un default más prolongado y al FMI con rechazar condicionalidades más onerosas que las ya insinuadas. Por otra parte, de funcionar la alternativa del default táctico, el costo de imagen se reduciría. Y, de presionar al Gobierno para cambiar el rumbo, el peronismo le ofrecería al kirchnerismo la oportunidad de retirarse con la reputación de haberse enfrentado a la usura internacional y esforzado para que en su defensa de la causa nacional no se hiciera un ajuste perjudicial para los más pobres –sólo para después implementar precisamente ese tipo de ajuste–. Por todo ello, si el Gobierno optara por el default táctico, el peronismo tendría poco margen para desmarcarse en lo inmediato: de funcionar, podría cobrar parte de los beneficios en las elecciones; de complicarse su implementación, presionando correría el riesgo de aparecer como uno de los causantes del fracaso y el empeoramiento de la situación. Pero, tanto si la jugada funcionara como si fracasara por presión del peronismo, el kirchnerismo ganaría fuerza para proponer un candidato propio a la sucesión. De ocurrir lo primero, este candidato tendría chances; de ocurrir lo segundo, la fragmentación peronista podría abrir la puerta a una segunda vuelta electoral con un candidato no peronista. Sólo un fracaso por bloqueos externos evitaría al peronismo ser el verdugo del gobierno que acompañó desde 2003.n
*Profesor de la Universidad Torcuato Di Tella.
