Intendentes de todo el país se rebelaron ante el doble ataque que el Gobierno nacional renovó en las últimas horas contra las finanzas de los municipios de distinto signo político: el económico, debido al ajuste fiscal que generó una reducción de los envíos de coparticipación; y el político, con críticas al modelo de recaudación local y un intento de confrontación con empresarios y la sociedad por los costos inflacionarios.
Alertados por la crisis económica, el crecimiento de las demandas sociales y el achicamiento de los recursos genuinos, los jefes comunales se organizaron y en un cónclave nacional fijaron postura: rechazaron de manera unánime "un superávit a costa del desamparo de los argentinos". Como uno de los principales promotores del encuentro, el intendente de Córdoba, Daniel Passerini, apuntó contra el rumbo económico y denunció las consecuencias concretas de la falta de financiamiento. El jefe comunal advirtió que el Estado central abandonó responsabilidades elementales como la salud de los jubilados, la entrega de medicamentos y el sostenimiento de la actividad productiva.
Ante esta situación, el dirigente cordobés sentenció: "Mientras la Nación retiene fondos que por ley nos pertenecen, nosotros en el territorio ponemos la cara y el presupuesto para cubrir lo que ellos desfinanciaron". Finalmente, cuestionó la concepción fiscal de la Casa Rosada y afirmó de manera categórica que "gobernar no es desertar de las obligaciones básicas".
El malestar de Passerini se extendió también al ámbito público. En declaraciones televisivas luego de la cumbre, cuestionó severamente la dinámica impuesta por la Nación y advirtió: "Así la Argentina no avanza". De manera complementaria, y en representación de sus pares, justificó la necesidad de abrir una discusión de fondo sobre el federalismo fiscal para garantizar el financiamiento de los servicios primarios en los distritos.
La liga de los intendentes al rojo vivo
La respuesta institucional del sector se cristalizó mediante un duro documento emitido por el Consejo Federal de Intendentes (COFEIN) tras el encuentro en la ciudad de Paraná. A través de esta declaración conjunta, los mandatarios locales describieron el panorama territorial de manera tajante: "Los municipios argentinos atravesamos una asfixia financiera crítica". En ese sentido, los dirigentes acusaron al Ejecutivo de imponer un relato contra el interior y sentenciaron: "Somos quienes sostenemos la atención social, la salud, el transporte y los servicios esenciales frente al retiro del Estado nacional".
Para sustentar el reclamo, el bloque expuso las asimetrías del esquema de recaudación y de reparto. El texto oficial precisó que la incidencia impositiva de las comunas alcanzó apenas el 3%, frente al 75% que aplica la administración central. Asimismo, los jefes territoriales denunciaron la retención discrecional de fondos correspondientes a las provincias y a las arcas locales. Como ejemplo de esta política de ahogo sobre los sistemas de transporte, el documento denunció: "Solo en 2025, el Gobierno nacional retuvo 120.000 millones de pesos que corresponden al interior".
El espacio de los intendentes, que surgió tras una reunión fundacional en San Miguel de Tucumán, funciona como una herramienta de articulación entre los gobiernos locales para defender los intereses territoriales en un escenario económico y social complejo. Los impulsores de este bloque buscan coordinar estrategias conjuntas y visibilizar la necesidad de otorgar un mayor protagonismo a los municipios en la discusión de las políticas públicas. Entre otros, estuvieron el jefe comunal de La Plata, Julio Alak, y su par de Escobar, Ariel Sujarchuk, ambos hombres cercanos al gobernador Axel Kicillof.
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La preocupación de los jefes territoriales se agravó ante los indicadores duros de la recesión económica. La declaración del COFEIN detalló que en los últimos dos años cerraron más de 22.000 empresas y se sumaron 300.000 personas al desempleo, mientras que la coparticipación federal registró una caída superior al 10% en el inicio de 2026. Frente a la baja de ingresos y la quita de los subsidios, los intendentes apoyaron la iniciativa de los gobernadores para elevar la participación del impuesto a los combustibles del 10,4% actual al 57%.
Tasas municipales: la respuesta a Luis Caputo
El reclamo colectivo resonó en paralelo desde distintos puntos del país. En la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, el intendente de la ciudad de Mendoza, Ulpiano Suárez, elevó el tono de sus críticas y apuntó contra el ahogo sistemático de las cuentas públicas. Durante su discurso, el dirigente radical indicó: "La Nación tensó al extremo la distribución de recursos hacia las provincias y, por ende, a los municipios".
En la misma alocución, Suárez expuso las consecuencias directas del ajuste sobre la vida cotidiana en los barrios y remarcó que las gestiones locales operan como la primera línea de contención frente a la crisis. "Cuando se deja de atender demandas sociales, estas no desaparecen, golpean en la puerta del municipio", graficó. En sintonía con la proclama del resto de los jefes comunales, exigió equidad, reglas claras y transparencia en el reparto del dinero generado por los argentinos.
Lejos de buscar un canal de diálogo, el Gobierno nacional redobló la ofensiva por la vía política y comercial. El ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo una reunión con los representantes de las principales cadenas de supermercados, donde atacó nuevamente el cobro de tasas municipales de Seguridad e Higiene. Tras el encuentro, el funcionario avaló la postura empresarial y acusó a los distritos de encarecer los precios al consumidor mediante tributos que, según su visión, carecen de una contraprestación real.
La embestida del titular del Palacio de Hacienda se trasladó a las redes sociales, donde apuntó de manera directa contra los intendentes del conurbano bonaerense, como Julián Álvarez (Lanús) y Federico Achával (Pilar). En su publicación oficial, Caputo fustigó: "Mientras trabajamos para bajar impuestos y hacer más competitiva nuestra industria, los intendentes kirchneristas los suben como si nada". Si bien el ataque del ministro tuvo un blanco partidario específico, los líderes del interior interpretaron el mensaje como un golpe simbólico que deslegitima las herramientas de recaudación de todas las comunas asfixiadas por el ajuste.
El cónclave que consolidó este frente común contó con una amplia participación de autoridades de todo el país, tanto de manera presencial como virtual. La cumbre reunió en Paraná a los intendentes Rosario Romero (Paraná), Adrián Fuertes (Villaguay), Julio Pintos (Liebig), Ariel Weiss (Colonia Avellaneda), Fabricio Gino Mesquida (Piedras Blancas), Isa Castañino (Victoria), Juan Pablo Poletti (Santa Fe), Pablo Javkin (Rosario), Daniel Passerini (Córdoba), Rossana Chahla (San Miguel de Tucumán), Armando Molina (La Rioja), Marcos Manuel Castro (Viedma), Julio Alak (La Plata) y Ariel Sujarchuk (Escobar), junto al jefe de Gabinete de Formosa, Mauricio Nadalich, y el subsecretario de Hacienda de Posadas, Bruno Mariani. A su vez, a través de plataformas digitales, sumaron su respaldo al documento los mandatarios Raúl Jorge (San Salvador de Jujuy), Emiliano Durand (Salta), Norma Fuentes (Santiago del Estero), Guillermo De Rivas (Río Cuarto), Ulpiano Suarez (Mendoza), Luciano di Napoli (Santa Rosa), Damián Javier Bernarte (San Francisco), Leonardo Stelatto (Posadas) y Jorge Alberto Jofré (Formosa), además de representantes de la ciudad de Neuquén.
