El Estado se convirtió en un gran generador de empleo en los últimos años, y el Instituto Nacional de Estadística y Censos, bajo la conducción de Ana María Edwin, no es la excepción. El organismo tiene “una oficina especial para matar desocupados”, según denunció Cynthia Pok, ex directora de la Encuesta Permanente de Hogares desplazada con la intervención de 2007.
“Hay una oficina que llama a los desocupados y los presiona hasta que la persona admite haber realizado algún trabajo, aunque esporádico. Así, deja de ser desocupado”, relató la segunda candidata al Senado en la lista de Camino Popular que encabeza Claudio Lozano. Toda changa cuenta, por pausada que sea. Así, el Indec llegó a un margen de desocupación que fue del 7,2% en el segundo semestre del año.
Esto no le gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
“No hay capacitación, no hay control de calidad sobre las estadísticas”, relató Pok en una mesa redonda que compartió con el economista Daniel Heymann y las sociólogas Inés Izaguirre y Norma Giarraca sobre las estadísticas públicas, en la apertura del Congreso de la Asociación de Especialistas en Estudios de Trabajo (Aset).
La intervención al Indec, con el desplazamiento de técnicos, dejó además perjuicios que impiden que hoy el Gobierno pueda recolectar los datos necesarios para algunas de sus políticas de base, como la asignación universal por hijo. “Los datos de la AUH no se pueden medir bien porque no tenemos buenas estadísticas”, lamentó Izaguirre, investigadora de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, que cuestionó los resultados del Censo 2010. “Hay 200 mil personas menos en la Ciudad. Muchos censistas se retiraron después de la muerte de Néstor Kirchner” ese mismo 27 de octubre.
“Intentaron medir el impacto de la AUH, pero no se sabe qué es lo que está dando. Se basan en cifras potenciales de la cobertura”, agregó Pok.
Por su parte, el macroeconomista Heymann consideró que la intervención del Indec le generó un problema al propio Estado. “Hay un consenso general de que no se usa la información del índice de precios del Gran Buenos Aires (IPC-GBA) en información del sector público. El mismo Estado recurre a información lateral”, detalló. “El uso del IPC en la deflación de las cifras de pobreza e indigencia hace que las cifras tiendan a cero y eso es fácilmente contrastable con la realidad”, indicó.
Según el Indec, la pobreza alcanza al 5,4% de la población, y la indigencia al 1,5%. Los datos privados –como la medición del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (Isepci)– detallan un 24% de pobreza y un 5,6% de indigencia porque no toman la inflación oficial, que ronda el 10%. Por el descrédito de las cifras oficiales, el Fondo Monetario Internacional emplazó al Gobierno a presentar un índice “confiable” antes del 15 de septiembre. El organismo presentará un nuevo índice, y Edwin convocó a investigadores y autoridades de las universidades para explicarlo. “El FMI está sentado con la intervención, discutiendo las estadísticas, y hay un gran servilismo”, ponderó Pok.
