El sueño morenista de expandir el Mercado Central a todo el país empieza a materializarse, paradójicamente, desde la gestión de su sucesor, Augusto Costa, con un modelo de comercialización que elimina al intermediario y ofrece, en los papeles, costos “40% por debajo” que en un supermercado tradicional.
Al primer ‘Súper Mercado Central’, que se inauguró a fin de 2014 en Mendoza, se sumarán este año tres bocas. Para esto, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), la ex Onabe, cedió terrenos en la ciudad de Salta, en la localidad bonaerense de San Nicolás y en el partido de Tres de Febrero.
La cesión de los terrenos lleva la firma del vicepresidente de la AABE, Martín Reibel, que llegó al organismo de la mano de Máximo Kirchner. Los predios tienen como fin establecer “supermercados de la Red Federal de Comercios de Proximidad” y la Red Comprar, que depende de Comercio y está a cargo del economista Santiago Fraschina.
Con estos supermercados, además de las ferias de productores y –a nivel más general– con Precios Cuidados, el Gobierno apunta a establecer precios de referencia y competir con los canales y productos tradicionales.
Según la Agencia, se corroboró que los predios “se encontraban sin un uso específico”. En San Nicolás, se trata de un inmueble de 9 mil metros cuadrados, mientras que en Tres de Febrero se destinaron 2.200 metros cuadrados. El predio de Salta tiene una superficie de 6.400 metros cuadrados. En todos los casos, corresponden a distritos que están en manos de gobernantes de buena relación con el Gobierno.
Los ‘Súper Mercados Centrales’ de la Red Comprar tienen como antecedente el instalado en la terminal de Guaymallén, en Mendoza, en territorio del gobernador Paco Pérez. El funcionamiento se basa en acuerdos con cooperativas y productores que abastecen el supermercado “sin intermediarios”. Así, el Gobierno busca “establecer precios de referencia”, aunque con una cadena atípica.
La administración, en el caso de Mendoza, corre por cuenta de Mendoza Fiduciaria SA, una sociedad anónima que incluye al Ministerio de Producción, el Banco Supervielle y la Bolsa de Comercio de Mendoza. Lo preside Marcelo Barg, el ex ministro de Agroindustria de Mendoza, estrecho colaborador de Pérez.
Este supermercado se abrió en la terminal de Guaymallén con una inversión de $ 7,5 millones y se puso en marcha en treinta días. A poco más de un mes de su puesta en marcha, desde el gobierno de Mendoza informaron que lo visitaron 65 mil personas.
Las organizaciones de comerciantes de los futuros lugares de emplazamiento se mostraron algo preocupadas pero esperan para emitir comentarios. En San Nicolás, un directivo de la Federación de Comercio reconoció que “tampoco el intendente tenía muy claro cómo se va a realizar el proyecto”.
De la mano de Máximo a la ex Onabe
El vicepresidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, Martín Reibel, es un hombre del Sur, lugar donde conoció a Máximo Kirchner, en el Colegio República de Guatemala, donde estudió antes de trasladarse a Córdoba.
También forma parte de La Cámpora, donde su hermano Hernán es uno de los principales dirigentes, además de ocupar oficialmente el cargo de subsecretario de Comunicación Pública.
El tercero de los Reibel Meier, Carlos, también consiguió trabajo en las filas del Estado, dentro de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
Más allá del hilo común en la conducción, “los chicos de La Cámpora” a los que busca Axel Kicillof en cada acto para saludar y sacarse “selfies”, fueron muy activos en los distritos donde ahora desembarcarán los mercados de la Red Comprar.
En el caso de San Nicolás, por ejemplo, se destacaron en las campañas de Precios Cuidados.
La decisión de recaer en San Nicolás de la mano de la Agencia de Administración de Bienes del Estado tiene sus bases en ese trabajo. En esa localidad, existen “sólo dos supermercados grandes que corresponden a una cadena”, según evaluó la dirigente de La Cámpora local, Cecilia Comerio.
Además de los terrenos para las acciones de la Secretaría de Comercio, entre las últimas cesiones de la AABE, “por pedido de Cristina Fernández”, se avanzó en escriturar a favor de la Unión Obrera Metalúrgica, que dirige Antonio Caló, un terreno del Estado para que funcione un campo recreativo.
