El presidente Alberto Fernández intentará esta semana elevar al Congreso el acuerdo alcanzado con la dirección técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) para renegociar 44 mil millones de dólares, con la ingrata noticia de que no habrá dólares “frescos” , sino que solo para pagar lo que se debe.
Atrás quedó la idea del ministro de Economía, Martín Guzmán, de contar este año con US$ 11 mil millones de financiamiento, tal como lo escribió en el fallido proyecto de Ley de Presupuesto del 2020. Esta previsión fue rechazada incluso, por peronistas como el ex diputado Jorge Sarghini, quien estimó que a lo sumo Argentina podría obtener US$ 6 mil millones, entre lo que le devolviera el FMI, y los créditos de otros organismos internacionales.
Ahora se supo que el Fondo solo “devolverá” los US$ 4.400 millones que otorgó el año pasado como ampliación de capital, con el que ayudó a todos los países, para combatir la pandemia.
Pero, según adelantaron fuentes de la negociación, esto le permitirá pagar los US$ 2.800 que vencen el 23 de febrero, y cada desembolso que haga el organismo estará supeditado al cumplimiento de las metas trimestrales que pacto con el organismo.
Los giros no serán “en efectivo”, como pasó con los Derechos Especiales de Giro (DEG) la moneda que mite el Fondo, el año pasado, sino que será “asientos contables”, porque el directorio del Fondo tiene en claro que éste es un acuerdo “transitorio” por dos años y medio, hasta que asuma el nuevo gobierno, que será el que realmente tenga que hacer “caja” para poder pagar esta deuda, y la que Argentina mantiene con los acreedores privados, locales y del extranjero.
¿Cómo hará el Banco Central para conseguir los dólares y vendérselos a los importadores para que no haya problemas en la compra de insumos? Hasta ahora se ven dos caminos, el primero, acelerar el nivel de devaluación diaria de la moneda, que el año pasado (electoral) fue de solo el 2,5% y desde diciembre corre al 3%, para cerrar la brecha y confiar en que haya más liquidaciones de los exportadores.
El segundo, es seguir restringiendo las importaciones por todos los medios posibles. Las trabas a las importaciones comenzaron con el inicio de enero. Desde entonces la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) redujo el índice de Capacidad Económica Financiera (CEF) de las empresas. Este indicador muestra si la operatoria de una firma es acorde con la cantidad de dólares que demanda para importar.
Con ello, se procura evitar que se inventen “sellos de goma” para comprar dólares baratos al precio oficial. Todo es producto de la brecha. Si no hubiera brecha, no habría nadie tratando de comprar dólares baratos, porque habría un único mercado.
Los funcionarios de la AFIP que atendieron a los dirigentes de la Cámara de Importadores de la República Argentina (CIRA) el miércoles pasado solo se comprometieron a revisar casos urgentes.
Esto pone en “jaque” la tan ansiada recuperación porque el 80% de las compras de Argentina son insumos, partes y piezas para máquinas. Solo una porción del 10% son bienes de consumo final.
La puja entre la Nación y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por la quita de los subsidios a los pasajes de 32 colectivos que recorren exclusivamente la Capital Federal solo le aportará a la administración de Alberto Fernández un ahorro de $ 13 mil millones.
Si bien la medida fue apoyada en un comienzo por el radical jujeño, Gerardo Morales, abrió una grieta –otra más en la discusión de fondo sobre qué hay que subsidiar y por cuánto tiempo.
Porque mientras se hace este recorte, se mantiene el que tienen todas las líneas que transitan el Conurbano Bonaerense y que multiplica por diez ese nivel de ayuda, mientras que en otras partes de la Provincia que maneja Axel Kicillof, los boletos cuestan lo mismo que en Córdoba, Mendoza o San Juan.
Los diputados peronistas de Córdoba, Carlos Gutiérrez y Natalia De la Sota exigieron “frenar la arbitrariedad” y marcaron que el AMBA recibe el 84% de los subsidios en esa materia. Luego se sumaron al planteo los intendentes Pablo Javkin (Rosario) y Emilio Jaton (Santa Fe), con el respaldo de Omar Perotti, otro de los peronistas con distancia de la Casa Rosada.
Bajar el déficit es también reducir el nivel de ayuda social en un país que tiene el 40% de pobreza. El ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, dejó en claro la semana pasada que “tenemos un 1.200.000 de beneficiarios del programa Potenciar Trabajo. A partir del 3 de enero por resolución del Ministerio permitimos que cada beneficiario elija en qué unidad de gestión quiere trabajar”.
“Está claro que tienen que trabajar cuatro horas por días y perciben $ 16.500”, dijo Zabaleta.
De inmediato, el sindicato de trabajadores hoteleros y gastronómicos, habló sobre la necesidad de cubrir 40 mil puestos que se perdieron con la pandemia y algo similar ocurrió con el de la Construcción, donde además hay centros de capacitación.
El problema, desde el lado de los sindicatos, es si estos trabajos de cuatro horas por día, a $ 16.500 no empujarán hacia la baja los pedidos de recomposición salarial.
Guzmán contra la evasión de multinacionales
Agencias
El ministro de Economía, Martín Guzmán, destacó la necesidad de dar batalla a las políticas de evasión que impulsan las multinacionales, al señalar que generan “injusticias históricas” y representan “uno de los peores problemas” que enfrenta la economía global.
“Argentina se mantiene abocada a buscar soluciones a las injusticias históricas de la elusión y evasión tributaria de las grandes corporaciones multinacionales”, enfatizó durante la reunión de ministros de Finanzas y presidentes de Bancos Centrales del G20.
El funcionario hizo hincapié en la necesidad de “asegurar la transparencia en la metodología y en la información utilizada para evaluar el impacto fiscal de la solución global”.
De esta manera, “cada jurisdicción contará con una herramienta válida y actualizada para realizar dicha evaluación, antes y durante su implementación”, dijo.
