El ajuste de las tarifas en los servicios públicos, cuya negociación comenzará en febrero próximo, dejaría una inflación adicional de 2,4 puntos para 2008.
Así concluyó el Instituto Argentino para el Desarrollo de las Economías Regionales (IADER), que señaló que los primeros meses de 2008 tendrán un ruido particular: las empresas prestadoras de servicios renegociarán un gradual ajuste de sus tarifas, en muchos casos congeladas desde la salida del esquema de Convertibilidad, en enero de 2002 aunque en otros modificadas.
Durante el primer bimestre del año, la actualización de los cuadros tarifarios abarcaría a servicios de gas, electricidad y peajes, incrementos que en los meses subsiguientes podrían extenderse a transportes y comunicaciones, según la estrategia que defina el gobierno.
Para el IADER, los ajustes tarifarios promediarán 17 por ciento y provocarán una inflación adicional de 2,4 puntos porcentuales en los precios minoristas.
Con esos incrementos, l a inflación, según este análisis, será el año próximo de 16,2 por ciento; los ajustes tarifarios tendrán impacto desigual sobre las economías regionales; e impactarán mayormente sobre usuarios residenciales, que sufrirán un aumento tras muchos años de estabilidad.
El impacto del ajuste tarifario se percibirá en todo el país, pero en el caso de transportes y energía habrá una intensidad mayor en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, donde estos servicios mantienen un retraso relativo mayor al del resto de las economías regionales.
A diferencia de lo ocurrido en la ciudad de Buenos Aires y el GBA, en muchas economías regionales se han registrado aumentos tarifarios en los últimos años: el transporte subió en diversas ciudades del interior y lo mismo ocurrió con las tarifas energéticas en provincias donde las empresas proveedoras son provinciales.
De acuerdo al IADER, el incremento tarifario que se establezca debería incluir cierta segmentación para evitar el impacto sobre los sectores de menores recursos que son los más afectados por los aumentos de precios.
Así, se debería contemplar una tarifa social amplia que tenga en cuenta las disparidades regionales que persisten en el país.
Es el caso de la ciudad chaqueña de Resistencia, donde la pobreza aún supera 45 por ciento de su población; la santiagueña de La Banda con 43,4; o las de Corrientes y Jujuy donde más de 40 por ciento de la población es pobre. Hasta el momento, las tarifas de servicios públicos han permanecido retrazadas en términos generales, y en muchos casos en los mismos niveles que en la convertibilidad.
Si desde diciembre de 2001 la inflación minorista acumula un aumento de 105,3 por ciento, los bienes y servicios cuyos precios están sujetos a regulación o tienen alto componente impositivo solo subieron 51,7.
La mayor parte de los aumentos de ese rubro, que representa 20,1 por ciento de la canasta total del Indice de Precios al Consumidor, corresponden a productos como cigarrillos, o funcionamiento y mantenimiento de vehículos, transporte de pasajeros de larga de distancia.
En lo que es tarifas de servicios en sí, hubo subas importantes sobre empresas que no tuvieron una incidencia directa en precios.
También en los últimos meses se registraron aumentos relevantes en combustibles, aunque no están oficializados dentro del índice de precios del INDEC, subas que impactaron sobre los usuarios finales.
Fuente: DyN