El delgado límite del conflicto de intereses

La fuerte presencia de ejecutivos en el gabinete de Mauricio Macri puede encontrar su límite bajo la Ley de Etica Pública si algunos miembros no se alejan de la actividad privada, ya que podría generar un conflicto de intereses.
“La Ley de Etica Pública es clara. Cuando pueda generarse un conflicto, los funcionarios deberán excusarse y deberá resolver otra área”, explicó la legisladora porteña Graciela Ocaña, que recordó que, por ejemplo, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, se excusaba cuando tenía que resolver laudos sobre gremios a los que había representado como abogado antes de asumir como funcionario.
En los ministerios, las áreas de competencia están bien delimitadas, aunque no la Jefatura de Gabinete, de la que dependen todas las carteras que regulan la economía. Los grises recaen sobre los asesores de Marcos Peña, empresarios como Mario Quintana, titular del Fondo Pegasus que controla, entre otras, a Farmacity, al posicionarse como asesor dentro de un área que puede operar sobre el Ministerio de Salud, o Gustavo Lopetegui, vinculado a LAN.
La ley detalla que es incompatible “dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar o prestar servicios a quien gestione, sea concesionario o proveedor del Estado, o realice actividades reguladas por éste”, siempre que el cargo público desempeñado tenga “competencia funcional directa respecto de la contratación, obtención, gestión o control de tales concesiones, beneficios o actividades”.
También aclara que es incompatible ser proveedor por sí o por terceros de todo organismo del Estado en el que desempeñe sus funciones