Ramón Lanús es el titular de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), la ex Onabe. El organismo registra 62 mil inmuebles, aunque estiman que hay unos 100 mil. En diálogo con Perfil explicó que los bienes se ponen a remate para generar desarrollos inmobiliarios para ampliar la oferta ante la mayor demanda y generar actividad económica.
—¿Cuántos inmuebles tiene el Estado hoy y cuál es la meta para sacar a subasta?
—Tratamos de generar un inventario de todos los inmuebles del Estado Nacional. Hay 62 mil registrados pero creemos que son todavía más. La falta de inventario es un problema para planificar el mejor uso que se le puede dar y además, por desidia o corrupción, genera negocios que estamos tratando de desarticular.
—¿La subasta tiene un fin de fiscal o de actividad?
—El desafío es tratar de que los bienes que tiene el Estado tengan el mejor uso posible, evitando los gastos innecesarios. Los inmuebles tienen fin social, una definición que varía caso por caso. En algunos casos creemos que el mejor fin social es la subasta para generar un desarrollo inmobiliario.
—Para los desarrolladores podrían faltar inmuebles y terrenos por el crecimiento de los hipotecarios, lo que además empuja los precios al alza. ¿Comparten ese diagnóstico?
—Hay dos preocupaciones: la primera es dinamizar la economía. Con los inmuebles con los que estamos saliendo a subasta y la obligación del desarrollo en el corto plazo, va a impactar en el empleo y la actividad económica. Pero también tenemos un rol activo con el Procrear. Vemos que en una economía donde el crédito hipotecario se multiplica por siete contra el año pasado el próximo problema que vamos a tener es que los precios van a subir demasiado porque no vamos a tener oferta suficiente. Dentro del Procrear trabajamos en el nuevo modelo donde el Estado aporta la tierra y recibe como pago metros cuadrados de viviendas terminadas y financiamiento para que el desarrollador privado construya viviendas.
—Se presentó un proyecto para que el Congreso tenga que autorizarlo antes de que un bien salga a remate. ¿Le parece viable?
—Las herramientas que estamos usando son las mismas que estaban vigentes desde hace mucho tiempo y que han usado gobiernos anteriores, que optaban por la venta directa. Queremos que la regla sea la subasta y que, si por algún caso se justifica la venta directa, que sea para un fin social. Vamos por 62 mil registrados, pero creemos que vamos a estar cerca de los 100 mil inmuebles. No parecería apropiado que el Congreso tenga que opinar sobre cada uno.
—Entre los terrenos que salen a subasta hay uno que está ocupado por un supermercado (Jumbo, en Av. Bullrich, Palermo, con contrato hasta 2019). ¿Creen que rinde más subastarlo que renegociar un contrato?
—Cuando vemos los inmuebles del Estado Nacional lo que pensamos es si ese inmueble se necesita para alguna de las funciones de los bienes públicos. Y cuando creemos que no, pensamos que la venta es una mejor salida que la administración de un contrato. El Estado por lo general no es bueno administrando contratos, y muchas veces se maneja con poca eficiencia. En este caso puntual decidimos la venta, pero no decidimos ni el cuándo ni el cómo. Es un proyecto que está muy verde, no se va a subastar este año porque también tiene el contrato vigente.
—En este caso, donde hay una empresa funcionando en el predio, ¿se le da opción de compra?
—Tiene la opción a través de la subasta. Queremos cuidar mucho la transparencia de los procesos. Si bien excepcionalmente podemos vender de forma directa, porque las normas lo permiten, preferimos evitar ese mecanismo e ir siempre a la subasta.
“El Estado por lo general no es bueno administrando contratos”
