El Gobierno envió a la Cámara de Diputados el proyecto que introduce cambios al régimen de “inocencia fiscal” y fue anunciado por el ministro de Economía, Luis Caputo. La iniciativa ingresó este jueves a la noche al Congreso.
El proyecto del Poder Ejecutivo busca incentivar la bancarización de los “dólares del colchón” mediante la ampliación del acceso al régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias. También prevé el fortalecimiento de las garantías jurídicas para los contribuyentes.
El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que la iniciativa no modifica el objetivo original del régimen, sino que busca despejar las dudas que surgieron durante su implementación. "El espíritu de la ley no cambia en absolutamente nada. El objetivo sigue siendo que esos ahorros puedan ser formalizados en el sistema bancario sin ninguna penalidad de ningún tipo", afirmó durante una conferencia de prensa junto a la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy.
Según explicó el funcionario, el Gobierno decidió enviar un nuevo proyecto luego de recibir observaciones de asesores tributarios sobre distintos aspectos de la normativa vigente. En ese sentido, indicó que se conformó una mesa de trabajo con especialistas para incorporar modificaciones que permitan brindar mayores garantías a quienes decidan ingresar sus ahorros al sistema financiero.
"Armamos una mesa de trabajo con tributaristas con el objetivo de aclarar algunos temas que hacen a que los ciudadanos se queden mucho más tranquilos de que, independientemente de quién sea el gobierno de turno, van a estar cubiertos ante estas situaciones", sostuvo el Jefe de Hacienda.
Los cuatro cambios que incorpora el proyecto
Uno de los principales cambios elimina las restricciones para acceder al régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias. Hasta ahora, la ley exigía cumplir simultáneamente tres requisitos: no superar ingresos anuales por $1.000 millones, contar con un patrimonio inferior a $10.000 millones y no estar alcanzado por la categoría de Grandes Contribuyentes de ARCA.
Cuáles son los cambios que impulsa el Gobierno para modificar el régimen de Inocencia Fiscal
Con la iniciativa enviada al Congreso, esas limitaciones desaparecen y el régimen queda abierto para todas las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país, sin importar su nivel de ingresos o patrimonio. La única excepción corresponde a los Grandes Contribuyentes, que podrán adherir únicamente a la modalidad simplificada para la liquidación del impuesto, aunque no accederán a las presunciones, efectos liberatorios y demás beneficios previstos por la ley.
El segundo cambio redefine el concepto de "discrepancia significativa", uno de los aspectos más sensibles del régimen. Actualmente, cuando una fiscalización de ARCA determina una diferencia igual o superior al 15% respecto de lo declarado por el contribuyente, éste pierde automáticamente la presunción de exactitud.
El proyecto incorpora un nuevo umbral para evitar que diferencias de escasa magnitud generen esa consecuencia. De esta manera, aunque la diferencia supere el 15%, la presunción no caerá cuando el monto reclamado no alcance el equivalente al 5% del mínimo previsto en la Ley Penal Tributaria, es decir, cuando no supere los $5 millones.
Rectificación y reintegro de fondos
Otro de los cambios relevantes incorpora la posibilidad de corregir errores sin perder los beneficios del régimen. Si ARCA detecta una discrepancia significativa, el contribuyente podrá presentar una declaración jurada rectificativa y cancelar la diferencia junto con los intereses correspondientes dentro de los 15 días hábiles posteriores a la notificación de la determinación de oficio. Si cumple con ese procedimiento, conservará todos los beneficios previstos por la ley.
Finalmente, el proyecto incorpora un mecanismo de reintegro acelerado para aquellos casos en que la Justicia termine revocando una impugnación realizada por ARCA. En esos supuestos, se restablecerá plenamente la presunción de exactitud del contribuyente y el organismo deberá devolver las sumas abonadas, con los intereses correspondientes, en un plazo máximo de 45 días hábiles desde la notificación de la resolución firme.
El Gobierno sostiene que estas modificaciones apuntan a fortalecer la seguridad jurídica y generar mayor confianza entre los contribuyentes para incentivar la formalización de los ahorros que permanecen fuera del sistema financiero. En esa línea, Caputo afirmó que la incorporación de esos recursos contribuirá tanto al crecimiento económico como a una mayor formalización de la actividad.
"A nivel de país tampoco nos sirve que la gente tenga los dólares debajo del colchón, porque necesitamos crecer como país, necesitamos que la economía crezca y necesitamos recaudar más. ¿Cómo vamos a recaudar más? De dos maneras: formalizando la economía y creciendo", concluyó el ministro.
Expertos advierten que la desconfianza sigue intacta
Para Maximiliano Batista, socio de Martínez de Hoz & Rueda, el principal problema no está en la ley sino en la percepción de riesgo que genera el sistema financiero argentino. Según explicó, "el sistema bancario argentino es considerado menos seguro que los de otros países para los depósitos en moneda extranjera" y recordó que la historia económica del país sigue influyendo sobre las decisiones de los ahorristas.
En ese sentido, Batista sostuvo que existen antecedentes que alimentan esa desconfianza. Mencionó el fallo "Peralta" de la Corte Suprema de 1990 y recordó que incluso la Ley de Intangibilidad de los Depósitos de 2001 no impidió la implementación posterior del corralito. A su entender, "la solución es más económica que jurídica" y, mientras el sistema financiero argentino ofrezca menor seguridad y menores rendimientos que otros mercados, será difícil que aumenten los depósitos en dólares.
Una visión similar expresó el abogado tributarista Pablo Judkovski. Para él, "la primera respuesta no es jurídica ni reglamentaria, sino económica", ya que los capitales "migran hacia sistemas más robustos que aún la Argentina no ofrece". Por eso considera que ninguna modificación normativa será suficiente si el sistema financiero continúa generando incertidumbre entre los inversores.
Desde una mirada tributaria, Daniel Ricardo García, director de LexTax Advisory, señaló que la Ley de Inocencia Fiscal mejoró algunos aspectos impositivos, pero "no consiguió eliminar el principal obstáculo: la desconfianza histórica del contribuyente frente al organismo de recaudación tributario". Según explicó, muchas personas todavía temen que depositar esos dólares pueda derivar en futuras determinaciones impositivas, denuncias penales o pedidos para justificar el origen patrimonial de los fondos.
LT
