El Gobierno modifica su estrategia energética para recuperar oxígeno

Luego de trabas en la Justicia, diferencias internas y críticas de la oposición sobre el ministro de Energía, Juan José Aranguren, ayer el Gobierno pegó un volantazo en su estrategia energética. Por un lado mostró apoyo político al armar un consejo consultivo con los ex secretarios de Energía, antes de que la Corte Suprema defina si avala o no los incrementos y de que el martes el funcionario del área defienda su gestión en el Congreso, y al mismo tiempo, firmó con las petroleras un acuerdo para congelar, al mejor estilo de la gestión de Cristina Kirchner, el precio de la nafta por noventa días para no ahondar la tensión y reducir los beneficios que venían recibiendo las petroleras con un precio interno más alto que el internacional (ver aparte).
Aranguren se presentó en público con siete ex secretarios de Energía de la democracia: Daniel Montamat y Emilio Apud, ahora directores en YPF, Jorge Lapeña, actual director en la estatal Enarsa, Alieto Guadagni, Julio César Aráoz, Alberto Devoto y Raúl Olocco. Les reconoció haber pasado por situaciones críticas y valoró su aporte como expresiones de distintas fuerzas políticas para este momento donde la oposición cuestiona la política energética oficial: “Se va a crear un consejo consultivo por resolución administrativa”, detalló Aranguren, para que “antes de fin de año logremos consenso político, social y económico para salir de la coyuntura”. Se subrayó que se trabajará en torno a un documento de 14 puntos que “todos los partidos políticos menos uno (N. del R.: el Frente para la Victoria)”, firmaron durante la campaña. Pareció, además, un mensaje por elevación al líder del Frente Renovador, Sergio Massa, porque se habló de “quienes lo firmaron pero hoy no respaldan los aumentos”.
—¿Este consejo es una autocrítica de la política oficial hasta ahora?, preguntó PERFIL.
—No lo llamo autocrítica, tal vez sí, ante la necesidad de que no nos entrampe la coyuntura en la resolución de problemas de largo plazo, a lo mejor no tendrían que haber pasado ocho meses para generar estas condiciones y podríamos haberlo hecho antes. Pero debo decirlo, la herencia recibida fue un tanto más difícil de lo que creíamos.
Definiciones. El ministro dejó en claro que espera un respaldo de la Corte Suprema, y confirmó que no habrá “audiencias públicas informales”, como se había planteado en la semana. Recién en octubre habrá audiencias  formales en el marco de la revisión tarifaria integral.
La ausencia de audiencias como marca la ley para aumentar tarifas en transporte y distribución fue una de las claves por la que la Cámara Federal de La Plata trabjó los aumentos y obligó al Gobierno a ir a la Corte. “Igual, para aumentar el costo de generación no hacen falta audiencias públicas, y eso es el 60% del precio de la factura”, detalló Aranguren, quien recordó además que la Cámara anuló también la tarifa social, que aún no está vigente. Aranguren, que hizo mucho hincapié en la herencia, asumió que la Corte se expedirá en breve y anticipó que irá con los tapones de punta el martes al Congreso: “Voy a mostrar una filmina con los datos de los subsidios poco progresivos de la última década”, detalló.

Las empresas no pueden cortar
Algunas empresas de distribución eléctrica empezaron a mandar intimaciones a sus clientes de que si no pagan las facturas –las mismas que el Gobierno dijo que no había que pagar hasta que no haya definición judicial sobre los incrementos– se cortará el servicio. “Si alguien tiene una denuncia que me la acerque. Pero, hay que saber que tarde o temprano el consumidor tiene que hacer frente al costo de la energía”, respondió a PERFIL el ministro de Energía, Juan José Aranguren, quien añadió: “Nadie va a cortar el servicio hasta que no haya definición de la Corte”.
Respecto de que algunas eléctricas aseguran que aún no fueron notificadas de ninguna disposición del ente regulador ENRE y que por eso siguen con los procesos habituales, el funcionario aseguró: “Están notificadas, yo mismo firmé la notificación”, indicó, antes de insistir que cuando se cumplan los pasos y respalde la Corte, habrá que “recuperar el costo económico de la energía” que se consume en la Argentina.