Cuando en 2016 el Banco Central presentó una norma que autorizaba a los bancos a enviar los resúmenes de cuenta por correo electrónico, Camioneros puso el grito en el cielo por sus afiliados de los servicios postales y aseguró que la medida ponía en riesgo 4 mil puestos de trabajo.
En ese momento, después de reclamos del gremio frente a la puerta del Central en Reconquista al 200, la entidad que dirige Federico Sturzenegger dio marcha atrás. Pero ahora, a través del megadecreto de necesidad y urgencia que publicó el Gobierno el jueves en el Boletín Oficial, se vuelve a reabrir el frente de batalla en un momento en el que se busca debilitar políticamente al histórico conductor de Camioneros, Hugo Moyano y a su hijo Pablo.
El texto sostiene que los bancos podrán “enviar el resumen en soporte electrónico al mail que indique el titular en el contrato” y aclara que solo serán enviados en papel en el caso de que “el consumidor establezca expresamente que su remisión” se tendrá que hacer en ese soporte.
La medida, además de los puestos de trabajo en riesgo, podría derivar en el golpe de gracia definitivo para OCA, la empresa que dirige Patricio Farcuh, apuntada por sus nexos con Moyano.
Las cartas perdieron terreno en los últimos años y los servicios postales, cada vez más redireccionados hacia la logística vinculada con el e-commerce o más tradicional, dependen en buena parte de los envíos de facturas y los resúmenes de cuenta de los bancos, aunque también esos envíos fueron bajando. Hoy los usuarios pueden optar por adherir a una factura electrónica y dejar de recibirla en papel.
El envío de los resúmenes representa el 34% de la actividad, según la Asociación de Empresas de Correos (AECA). Son unos 17 millones de cartas que se envían por año y suman el 18% de la facturación del sector.
Licencias. Una parte del sector Pyme se manifestó preocupada por el decreto presidencial “en el marco de una verdadera invasión de productos importados que está afectando a muchos rubros de la industria nacional y las economías regionales y se avance hacia la total eliminación de este tipo de controles para reemplazarlos por sistemas más laxos”, según indicó Apyme sobre eliminación de licencias no automáticas para 314 posiciones arancelarias que pasaron a ser automáticas.
Una parte de la oposición anticipó que pedirá la derogación del decreto que, entre otras cosas, “flexibiliza los controles para las empresas que incumplen la legislación laboral y permite embargos directos sobre las cuentas sueldo”. En 22 capítulos y 192 artículos, modificó más de 140 leyes y normativas, señalaron el presidente del bloque de diputados nacionales del FpV, Agustín Rossi y la ex diputada Margarita Stolbizer del FR.
