Tal vez sea, para el Gobierno, el costo de corto plazo de atender dilemas de largo aliento. Pero la combinación del cambio en la fórmula jubilatoria, la suba de tarifas de servicios públicos y la readecuación de impuestos patrimoniales, como el inmobiliario, empiezan a asomar en las previsiones de economistas como “aspiradoras” de pesos que saldrán de la calle y así le quitarán fuerza a la tibia recuperación del consumo que se empezó a ver en septiembre.
La cuenta es escalofriante. Con la aplicación de esa primera tanda de reformas es posible que se retiren de la calle unos $ 100 mil millones el año que viene, que podrían haber ido a impulsar el consumo. A saber:
◆ Modificación de la fórmula de aumento de las jubilaciones. Según el Presupuesto del año que viene, hay previsto en la partida para seguridad social (jubilaciones y planes sociales) un incremento respecto de este año del 22%, que es lo que probablemente iba a dar la movilidad jubilatoria, que refleja en su cálculo el impacto de la suba de los salarios y la recaudación, que en los años de crecimiento da por encima de la inflación.
En caso de que se modifique esa fórmula y sólo se acompañe la suba de precios (un congelamiento real de los haberes), treparán cerca del 16% o 17%, según las previsiones privadas. Por cada punto de diferencia, según cálculos de la consultora EcoGo, el Estado se ahorrará unos $ 15 mil millones de gasto, o lo que es lo mismo, dejará de impulsar el consumo en la calle, ya que cada peso pagado a los beneficiarios de planes sociales y jubilaciones se vuelca a compras. Así, la cuenta del dinero que no empujará la actividad como mínimo rondará los $ 75 millones el año que viene. Un éxito para las cuentas fiscales, ya que congela la partida más importante del gasto, y un sacrificio en términos de actividad.
“Las jubilaciones ajustadas por inflación no deberían marcar una diferencia a la baja, pero se resigna lo que pudiera ganarse por mayor recaudación”, indica Fausto Spotorno, del Estudio Ferreres y Asociados. “Si avanzan los cambios en las jubilaciones, como la actualización será trimestral y por inflación, creo que vamos a ver una capacidad de compra constante. Eventualmente, lo que se va a perder ahí es un plus”, añade Rodrigo Alvarez, de Analytica.
◆ El mensaje presidencial, en tanto, es que las provincias reduzcan los impuestos a las industrias y comercios, en especial Ingresos Brutos, y compensen en parte con la actualización de los tributos patrimoniales. Es la señal que mandaron al menos los presupuestos de la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires. El ministro de Hacienda bonaerense, Hernán Lacunza, elaboró un proyecto que inyecta unos $ 14 mil millones en reducción de alícuotas de IIBB a las industrias y comercios, que en parte busca compensar con el incremento de otro gravamen, el impuesto inmobiliario. Hacía unos cinco años que no se actualizaba y habrá aumentos de, en promedio, 56% para el grueso de las viviendas bonaerenses. Esto supondrá absorber de la calle del mayor distrito del país unos $ 5 mil millones. Una tendencia similar se da en el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires, donde también se baja Ingresos Brutos y se aumenta un 20% en promedio Alumbrado Barrido y Limpieza (ABL), que poda el ingreso de las familias.
◆ Por último, en diciembre de este año empezará a golpear el aumento de las tarifas eléctricas y de gas, que también tienen dos aumentos previstos en 2018, además de que entrará en vigencia una suba mensual de los pasajes del transporte, un componente clave de la canasta de gastos de los hogares, que como piso podría restar unos $ 20 mil millones al consumo en todo 2018. “Es cierto que los próximos ajustes de tarifas tendrán un efecto de reducción del consumo, si bien no está previsto que sea algo de fuerte impacto”, señala Spotorno.
Tasas. El contexto general se mantendrá, además, con un Banco Central concentrado en bajar la inflación, por lo que habrá tasas altas al menos hasta febrero o marzo, y en diciembre próximo, también, por un cambio normativo se empujará a los bancos a retirar liquidez del mercado.
Los beneficios para la inversión, con tiempo.
El paquete oficial de reformas tendrá costos en actividad económica en el corto plazo, mientras que los beneficios para las empresas para que, en la visión oficial, promuevan la inversión y el empleo, recién tendrían efecto –si tuvieran éxito– a mediano plazo.
Eso es lo que se desprende del proyecto de reforma tributaria, donde se ven alícuotas de Ganancias que ceden recién desde 2019 (es sobre ejercicio vencido) y reducción de cargas patronales, que tendrán más impacto hacia 2020 y 2021.
El mayor flujo de fondos para las empresas será en materia de Ingresos Brutos pero en este caso la decisión es provincial, por lo que por ahora sólo Capital Federal y Provincia de Buenos Aires han mostrado el camino a recorrer.
Otros distritos como Córdoba y Santa Fe se comprometieron a eliminar el concepto de “extraña jurisdicción” por el que se cobra más IIBB a empresas de otras provincias.
