El petróleo y los superávit: cuando los gemelos están en peligro

Más allá de las críticas de los industriales por la falta de energía y de los petroleros por la "inseguridad" que genera el marco que regula su actividad, la carencia de un solo producto puede poner el riesgo el crecimiento económico argentino. Es que nadie, entre los expertos, desconoce que la caída de la producción petrolera en el país puede hacer peligrar los fundamentales superávit gemelos en los que se basa la gestión económica de Néstor Kirchner y así hacer naufragar su proyecto político.

Probablemente sea constructivo pensar el escenario. Si el país debe comenzar a importar crudo, podría ajustar demasiado el superávit comercial -que desde hace tres meses muestra una tendencia bajista-, por el gran peso que tiene la comercialización con el exterior del petróleo y sus derivados -sobre todo por sus valores a nivel internacional- en las exportaciones del país.

Pero esto no es todo. En caso de que la Argentina se convirtiera en un país importador de petróleo, el superávit fiscal también correría algún peligro. ¿Por qué? Una buena parte de los ingresos del Tesoro corresponden desde hace un tiempo al impuesto a la exportación -más conocido como retención- al que el sector petrolero hace un gran aporte (el petróleo está gravado con un 45 por ciento de retenciones, mientras que la nafta con un 5 por ciento).

Lo más preocupante es que este escenario no es imposible. Desde 1998, el año de mayor producción en su historia, hasta hoy, la extracción de crudo de la Argentina cayó un 21 por ciento, según un informe de la consultora Economía & Regiones. El documento proyecta que, si el contexto se mantiene inalterado (con retenciones a la exportación y un marco jurídico “inseguro”), la ausencia de exploración petrolera obligará a la Argentina a llegar, a fines de este año, al límite de su capacidad de autoabastecimiento, y a volver a ser, en 2008, importador neto de crudo después de quince años. Sin embargo, varios analistas estiman que el año bisagra sería 2010.

El pronóstico de Economía & Regiones prevé que el país deberá comprar en el exterior crudo equivalente al 8,3 por ciento de la demanda actual. Al precio de hoy, el costo de esas compras rondaría los 1160 millones de dólares por año. Claro que no sólo comenzaría a importar -con lo que significaría esto en la balanza comercial- sino que dejaría gradualmente de exportar, lo que se traduce menos ingresos por retenciones para el Gobierno.

Sin embargo, un informe difundido este mes por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) muestra que el sector los productos derivados del petróleo y el gas tuvo un importante rendimiento durante el primer semestre de 2006. Este segmento exportó por 3.232,3 millones de dólares, un 14,9% más que en igual período del año anterior.

Pero el crecimiento es en valor -por el precio internacional- y no en volumen. La producción de petróleo y sus derivados merma. Así lo demuestra el acuerdo por el gas firmado por el presidente Néstor Kirchner, la semana pasada, con el presidente boliviano Evo Morales; también la velocidad con la que el Congreso convirtió en ley el proyecto que crea un Régimen Promocional para la Exploración de Hidrocarburos, a comienzos de octubre.

¿Qué permite esta última norma? Básicamente, otorga nuevas áreas y beneficios impositivos a las empresas que opten por adherirse a la propuesta -que obviamente involucra a la estatal Enarsa- y se aplicará en todas las provincias argentinas y en la Plataforma Continental.

En caso de que accedan, tendrán una serie de beneficios fiscales, como la devolución anticipada del IVA y la amortización acelerada de los bienes de capital, con lo cual podrán adelantar las deducciones del impuesto a las ganancias. Además, quedarán exentos del pago de los derechos y todo otro tipo de gravamen o tasa estadística relacionada con la importación de materiales para el desarrollo de sus actividades.

La ley, que beneficia a empresas con una gran rentabilidad en la Argentina, generó el rechazo de la débil oposición parlamentaria. Pero la mayoría oficial la aprobó rápidamente. Es que el Gobierno sabe lo que está en juego: la economía, su principal capital político, y la caja.