Las declaraciones de la presidenta Cristina Fernández sobre la gráfica Donnelley –en las que amenazó con aplicar la Ley Antiterrorista a los empresarios responsables de su cierre– crearon expectativas en el encuentro sindical realizado ayer en las puertas de la fábrica. Con una asistencia superior al millar de dirigentes sindicales, delegados y activistas de izquierda, el debate del encuentro giró en torno a la elaboración de un plan de lucha contra los despidos y las suspensiones.
“Queremos coordinar con trabajadores de distintas empresas cómo enfrentamos los tiempos que se vienen –dijo a PERFIL Hugo Padula, vocero sindical de Donnelley–. Desde que la empresa cerró empezamos la producción, que hoy realizamos 250 trabajadores en tres turnos. El sindicato nos venía acompañando, pero ayer se reunió sin consultarnos con el ministro Tomada. Allí Tomada descartó la estatización, que es nuestro objetivo”.
—¿Analizarían una salida cooperativa al conflicto?
—Nuestro planteo es la estatización bajo nuestra gestión. Se podría llegar a evaluar una salida cooperativa según cómo se plantee la negociación. Estamos en contra de la aplicación de la Ley Antiterrorista, pero tomamos la palabra de la Presidenta para garantizar todos los puestos de trabajo.
“El martes se reinicia el trabajo en Lear y la Justicia determinó que la empresa tiene que permitir la acción de los delegados –explica Silvio Fanti, delegado de Lear reincorporado por un fallo judicial–. El sindicato Smata nos quiere sacar los fueros mediante una asamblea ilegal, que desconoceremos”.
“Vamos a movilizarnos el 26 de agosto, marcha a la que asistirá la CTA de Pablo Micheli y que ayer fue votada por el plenario de delegados docentes bonaerenses –señaló el diputado Néstor Pitrola–. El Frente de Izquierda elaboró proyectos de estatización de Donnelley y la metalúrgica Emfer. A la acción legislativa la tenemos que apuntalar con una gran marcha para prohibir despidos y
suspensiones”.