Las millonarias importaciones de gas durante las gestiones kirchneristas están siendo investigada por los jueces federales Claudio Bonadio y Ariel Torres a fin de determinar si se pagaron sobreprecios durante ese proceso. Esta semana Enarsa, la empresa estatal de energía, realizó una licitación cuyo resultado deja mal parado a los directivos que respondían al ex ministro de Planificación, Julio De Vido.
La empresa estatal, que es presidida por Hugo Balboa, hombre de confianza del ministro de Energía, Juan José Aranguren, logró bajar un 36% el costo medido en dólares de los barcos remolcadores que se utilizan para acompañar y descargar los buques metaneros que transportan Gas Natural Licuado (LNG, por sus siglas en inglés). Se trata de un negocio que en los últimos años estuvo sospechado de corrupción por la participación de Oscar ‘Caballo’ Suárez, ex secretario del Sindicato de Obreros Marítimos (SOMU), quien a fines de junio fue denunciado por el presunto desvío de fondos por $ 100 millones del gremio. En el sector de armadores marítimos advierten desde hace tiempo que Suárez, uno de los sindicalistas que mejor se relacionó con la cúpula del kircherismo, está muy vinculado a Trans Ona, la empresa que brindaba el servicio de remolcadores a Enarsa desde 2012.
Trans Ona le cobraba a Enarsa, la segunda empresa que más subsidios recibe del Tesoro nacional (este año serán al menos $ 15 mil millones), US$ 237 mil por cada barco de LNG descargado en la terminal regasificadora de Bahía Blanca y 322 mil por cada carga para la planta de Escobar. Por medio de una compulsa internacional realizada en conjunto con el Ministerio de Transporte, que depende de Guillermo Dietrich, Enarsa logró bajar esos costos medidos en dólares un 36% y un 32% (pagará 150 mil y 218 mil dólares respectivamente). A partir de ahora, la firma Logística y Servicios Marítimos, un joint venture entre la empresa danesa Maersk (referente mundial en el negocio de contenedores) y la familia Samarín (dueña de la agencia Marítima Meridian), prestará el servicio tras imponerse en la licitación. “Para Enarsa implicará un ahorro anual”, analizó un empresario privado del sector. A su vez, la compañía logró reducir en $ 57 millones el costo del transporte terrestre de combustibles líquidos.
La empresa estatal renegoció además los contratos con los proveedores de las unidades móviles de generación de energía (Ugeem) que se utilizan para reforzar la oferta de electricidad. Enarsa pagaba a cuatro empresas –Secco, Soenergy, Aggreko y Sullair– una suma fija de US$ 32 mil por mes por el alquiler de motores a gasoil para producir energía. En una renegociación contractual se pagó un 38% menos.
Contratan auditoras
La gestión de Balboa está abocada al ordenamiento de los costos internos de la empresa estatal. Por decisión del ministro Juan José Aranguren se avanzará con una auditoría de los manejos más polémicos de Enarsa llevados adelante por la gestión anterior. En esa línea, esta semana se lanzará una licitación para contratar a una consultora privada que audite la compra de cargamentos de LNG, la construcción de centrales termoeléctricas y la contratación de la planta de la firma Rhasa (de la familia Sambucetti) en Campana para acopiar combustibles. Un cuarto tema, la construcción del Gasoducto del Noreste (GNEA), será auditada por la Sigen.
