La posibilidad de que haya una “aceleración” de las series de bonos que entraron en “default técnico”, el lobby para sacar a la Argentina del G20 y las denuncias sobre funcionarios del Gobierno forman parte de la última batería de medidas con la que los fondos buitre buscan presionar a Economía para que pague la sentencia a su favor.
Con la cláusula RUFO vencida y sin señales de que Economía acceda a una negociación hasta no contar con información sobre el total de los holdouts, el “fondo de inversión” Owl Creek creó a fines de diciembre, el Argentina Recovery Fund II, que se suma al primero que, según estimaciones del mercado, ya tiene el 55% de una serie de bonos Par en “restricción de cobro”.
Esta proporción es más que lo necesario para llevar adelante una “aceleración”, con lo que toda la serie caería en default y obligaría a una nueva reestructuración. Para el Gobierno, forzar esta situación sería prolongar el no pago a los bonistas todavía más por los tiempos que demandaría el proceso.
“Owl Creek abrió el segundo fondo y sigue vendiendo cuotapartes, la última a mediados de enero. Por lo tanto, sigue a toda marcha el plan de aceleración de los fondos. Compran bonos para litigar”, explicó el analista Mauro Mazza, de Puerto Finanzas. En ese momento, ofreció 5 millones, según consta en los papeles que presentó ante la Securities and Exchange Commission (SEC), el regulador del mercado en los Estados Unidos.
A la amenaza de aceleración, se sumó el lobby de los representantes de los fondos buitre para que la Argentina no siga formando parte del G20, en la antesala, además de una nueva reunión de ministros de Economía y Finanzas y presidentes de bancos centrales, que comenzará mañana en Estambul.
“Quizás un G19 sería más apropiado”, tituló sin eufemismos el grupo de tareas de los buitres, la American Task Force Argentina (ATFA), en una nota en la que se valió de la “moción de censura histórica” del FMI a la Argentina por la intervención gubernamental sobre las estadísticas y el hecho de que la Organización para el Comercio y Desarrollo recién ahora incluya los cálculos de inflación del país, después de que el gobierno de Cristina Fernández accediera a modificar el índice de precios al consumidor por la presión del FMI.
El factor común de todos los elementos es el fondo Elliott Management, de Paul Singer, que tiene participación en Owl Creek y además es uno de los financistas de la ATFA. Elliott tiene, a través de NML Capital, un fallo a favor para cobrar US$ 1.600 millones al 100% por parte de Thomas Griesa, el fallo que originó las cesaciones de pago de los demás títulos cuando Griesa ordenó que no se pagaran los bonos Discount y Par si Singer no cobraba.
El martes, la ATFA promete revelar información sobre el crecimiento patrimonial de funcionarios como el secretario de Seguridad, Sergio Berni, y el ex secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, quien todavía se desempeña como asesor comercial en la embajada argentina en Italia.
Con base en las presentaciones en la Oficina Anticorrupción, el informe estará a cargo de Nancy Soderberg, la copresidenta de la ATFA, a la que el presidente Barack Obama nombró como directora de la Oficina de Desclasificación de Interés Público, lo que originó una queja de Cristina a su par estadounidense.
