La nueva paritaria de Comercio reactivó un conflicto latente entre los mayoristas y el núcleo duro del esquema tradicional de negociación salarial. Tras el acuerdo firmado por FAECyS, CAC, CAME y UDECA para actualizar los sueldos de 1,2 millones de trabajadores, la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) expresó un rechazo contundente a los incrementos automáticos de aportes y contribuciones que se disparan cada vez que suben las remuneraciones. “No nos sentimos representados; nos pasan la cuenta de una mesa de la que no formamos parte”, afirmaron.
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El sector cuestiona la persistencia de lo que denomina “costos ocultos” del empleo formal: cargas no salariales que aumentan con cada paritaria, aun cuando los trabajadores no reciben los servicios supuestamente asociados. Para los mayoristas, estos gastos erosionan la competitividad, fomentan la informalidad y terminan trasladándose a precios, impactando sobre el consumo.
Entre los aportes obligatorios, el más controvertido es el destinado al Instituto Argentino de Capacitación Profesional (INACAP), que fija un cargo equivalente al 0,5% del salario de la categoría Maestranza A por cada trabajador, incluso si nunca recibe capacitación. Con cada aumento salarial, el instituto incrementa automáticamente su recaudación, que, según declaraciones judiciales, supera los $30.000 millones anuales.
CADAM sostiene que este mecanismo beneficia precisamente a las cámaras que integran la mesa paritaria —CAC y CAME— al permitirles acceder a fondos crecientes bajo el pretexto de “fortalecimiento institucional”. El problema, afirman, es que el sector mayorista no participa de esa negociación, pero debe cumplir igual con las cargas derivadas.
El conflicto escaló luego del Decreto 149/2025 del ministro Federico Sturzenegger, que prohibió imponer aportes obligatorios a los empleadores no afiliados a las entidades beneficiarias. Sin embargo, una cautelar a favor de INACAP lo exceptuó bajo el argumento de que es una institución independiente, manteniendo vigente el aporte.
Otros aportes que suben con cada paritaria: La Estrella y OSECAC
La lista de cargos que se revalorizan con cada paritaria incluye también el Seguro Complementario de Retiro La Estrella, que desde junio de 2025 exige una contribución del 1,6% del salario de cada trabajador.
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A esto se suma la cuestionada Contribución Solidaria por COVID-19 a OSECAC, creada en 2021 durante la pandemia y aún vigente, incluso cuando el empleado no está afiliado a esa obra social. Para CADAM, este aporte perdió toda razonabilidad y se transformó en una carga distorsiva sin justificación sanitaria ni contractual.
CADAM y la reforma laboral: “El sistema actual castiga al que formaliza”
Frente a este escenario, la cámara mayorista plantea con claridad su posición sobre la reforma laboral que impulsa el Gobierno: respaldan una transformación profunda que elimine aportes obligatorios sin contraprestación, reduzca cargas accesorias y blinde la competitividad de las pymes.
“El sistema actual castiga al que formaliza. Si queremos empleo registrado, no podemos seguir escondiendo costos detrás del recibo de sueldo o de un ticket de venta”, señalaron. Además, proponen que los fondos destinados a institutos y seguros se transformen directamente en salario para el trabajador, de modo que los incrementos paritarios no alimenten estructuras externas sino el ingreso real del empleado.
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CADAM también reclama un cambio institucional: que se les permita integrar la mesa paritaria del gremio más grande del país. “No entendemos por qué el secretario de Trabajo no nos deja sentar. No podemos seguir financiando decisiones tomadas sin nuestra participación”, remarcaron.
El conflicto vuelve a poner bajo la lupa el peso de los costos no salariales en un país con alta informalidad, fuerte presión impositiva y convenios colectivos que arrastran componentes creados décadas atrás. El Gobierno busca avanzar en reformas para alinear incentivos, limitar aportes obligatorios y transparentar la estructura del empleo formal. Los sindicatos defienden los mecanismos vigentes. Las cámaras tradicionales, por su parte, resisten cambios que puedan recortar financiamiento institucional.
