Eugenio Semino, sobre el aumento anunciado por Francos: "Hoy la jubilación es un subsidio que da el Estado por la edad"
El Defensor de la Tercera Edad criticó el incremento de los haberes que aplicará el Gobierno en lugar de la ley de movilidad vigente.
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Agencia Shutterstock
Este viernes, el ministro del Interior, Guillermo Francos, anunció que se publicará por decreto "desde el 1 abril, los haberes previsionales se van a ajustar por Índice de Precios al Consumidor (IPC). Mientras, de enero a marzo, se va a seguir aplicando la fórmula que se venía utilizando más un 12,5%".
En diálogo con PERFIL, el Defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, afirmó que “el porcentaje de empalme entre enero y marzo debería ser por lo menos del 40% en lugar de 12,5% teniendo en cuenta la inflación”.
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En Diputados no logró prosperar un proyecto de ley de movilidad que establecía ajustes por inflación y un porcentaje de empalme del 20% para los tres primeros meses de 2024.
“Si no hay una ratificación por parte de una ley, el decreto será atacado judicialmente porque está vigente la ley de movilidad”, adelantó el Defensor de la Tercera Edad y agregó: “Hoy la jubilación es un subsidio que da el Estado por la edad”.
Con respecto al bono, Semino señaló que “se sigue apelando a lo que hizo la gestión anterior, que es institucionalizar el bono. El Estado paga una suma no remunerativa y totalmente discrecional por parte del ministro de Economía de turno”.
“Planteamos originalmente que el bono debe ser parte integrante del haber. Con ello, las jubilaciones mínimas estarían 70% más altas que hoy, ya que el ajuste que se plantea es sobre la mínima de $135.000”, añadió Semino.
La justificación del Gobierno para el aumento de las jubilaciones
"Hacemos un máximo un esfuerzo, pero sin complicar el compromiso del presidente Javier Milei de lograr el déficit cero", señaló el ministro Francos sobre la decisión del aumento.
En el contexto del superávit fiscal logrado en febrero, de cada $100 que se ajustaron en febrero, $35 correspondieron a los haberes de jubilados y pensionados, de acuerdo con un estudio del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), en donde analizaron ingresos, gastos y resultados del Sector Público Nacional
El reporte del CEPA indica que el SPN anotó en febrero un superávit fiscal de $1.232.525 millones antes de cubrir los intereses de la deuda, bajando a $338.112 millones después de saldar esos compromisos. Esto, a partir de un ajuste en el gasto, con ingresos de $5,5 billones contra erogaciones por $4,3 billones.
"Es relevante notar que dentro de este proceso de ajuste, si bien todas las partidas de gasto caen, el principal componente es la licuación de las jubilaciones, que explicaron el 35% del total. Esto muestra la complejidad de la situación fiscal y la insostenibilidad a mediano plazo. Se repitió en febrero lo ocurrido en el mes de enero: el superávit se edificó sobre un recorte sin precedentes en el gasto público", remarcó el informe del CEPA.
