La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) manifestó su "profunda preocupación" ante la decisión del Gobierno Nacional de no acatar el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia vinculado al diferendo existente entre la Nación y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en materia de recursos coparticipables. Desde la CAC consideraron que esta decisión " es un hecho de enorme gravedad institucional".
En ese sentido, sostuvieron que "la entidad reiteradamente ha abogado por el diálogo como método para la solución de controversias, en el convencimiento de que es el mejor camino para su superación. Cuando esa posibilidad se agota, y si fracasan también los intentos de mediación, no queda más alternativa que recurrir a la Justicia y someterse a lo que ella determine". "Eso es lo que manda nuestra Constitución y ese es el modo en el que funciona cualquier república que se precie de tal", aseveraron.
Nuevamente, declararon que "el flagrante desconocimiento del fallo dañaría severamente a nuestra República, lesionando la confianza de los inversores locales y del exterior y, fundamentalmente, dejaría a todos los ciudadanos más desamparados ante el poder de turno".
Por lo tanto, la CAC llamó al pleno respeto de la Constitución Nacional y de las instituciones de la República, en el convencimiento de que solo bajo su imperio se podrá ser esa Nación con desarrollo económico y social a la que los argentinos aspiran y en la que los derechos de todos los ciudadanos estén garantizados.
Por su parte, la Unión Industrial Argentina (UIA) reafirmó "la relevancia de respetar la división de poderes en tanto que dimensión fundamental para generar previsibilidad jurídica e institucional". "Ambas, son pilares fundamentales y condiciones necesarias para desplegar la iniciativa privada, la libertad de emprender, la inversión y la generación de empleo", sentenciaron.
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A favor del orden institucional
A su vez, las entidades empresarias que forman parte de la Mesa de la Producción de Córdoba, publicaron un comunicado en el cual consideran de una "extrema gravedad institucional que el Poder Ejecutivo Nacional pretenda no cumplir un fallo judicial". "Una sentencia de la Corte Suprema de Justicia no puede ser desoída. Debe acatarse", subrayaron.
Siguiendo en esa misma línea, remarcaron que "la ruptura institucional que supondría un desacato transforma a nuestro país en una nación absolutamente inviable. De ser así, nadie estará seguro frente a las decisiones del Poder Ejecutivo".
Para los firmantes, "la pérdida de la seguridad jurídica y de credibilidad suprime cualquier posibilidad de salida de la tremenda crisis que vivimos desde hace años". Incluso, le reprocharon al Gobierno que " la discusión sobre el reparto de los fondos públicos es una deuda de la política que tampoco ha tenido en cuenta el mandato constitucional de crear una nueva ley de coparticipación".
"La coparticipación entre la Nación y las provincias debe ser un esquema justo y transparente, que funcione de manera automática y exento de toda discrecionalidad", indicaron. Y agregaron que "de esa manera, habrá mayor institucionalización y automaticidad de la distribución de los recursos públicos".
"Instamos a retomar los carriles del orden constitucional y a no poner en riesgo el sistema republicano consagrado en nuestra Constitución Nacional, la garantía en última instancia de que podemos convivir democráticamente", concluyeron.
La misiva fue firmada por: Bolsa de Cereales de Córdoba (BCCba); Bolsa de Comercio de Córdoba (BCC); Cámara de Comercio de Córdoba (CCC); Cámara de Comercio Exterior de Córdoba (CaCEC); Cámara de la Construcción - Delegación Córdoba (Camarco); Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez); Confederación Intercooperativa Agropecuaria Córdoba (Coninagro); Confederaciones Rurales Argentinas (CRA); Federación Agraria Argentina - Distrito Córdoba (FAA); Federación Comercial de Córdoba (Fedecom); Sociedad Rural Argentina - Distrito Nº 4 (SRA); Unión Industrial de Córdoba (UIC).
RM / MCP
