El juez neoyorquino Thomas Griesa volvió sobre sus pasos y habilitó al Citigroup a pagar “por única vez” –la segunda “única vez”– los US$ 5 millones correspondientes a los títulos en dólares bajo ley argentina del vencimiento del bono par del 30 de septiembre.
Ese aval fue interpretado como una buena noticia en el Gobierno, para poner en marcha “en breve” una emisión de deuda de entre US$ 800 y 1.000 millones con la que el Ministerio de Economía busca demostrar que, pese a la presión de los fondos buitre, puede obtener dólares, en días que el dólar ilegal parece no tener techo.
La colocación podría ser en dólares bajo legislación argentina o eventualmente en Londres o París, para evitar el alcance de Griesa y la tasa estaría en línea con el rendimiento del Bonar 24. Sería una tasa de dos dígitos, de entre 10 y 12%, según las estimaciones de funcionarios y economistas cercanos al oficialismo.
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El título podría pagarse a cinco años y permitiría en el corto plazo calmar los problemas cambiarios y expectativas de devaluación, acotando la disparada del dólar blue y del contado con liquidación.
Más allá de la “excepción” que marcó Griesa, el resto de los títulos, por US$ 195 millones, no podrán pagarse, aunque algunos no corresponden a ley estadounidense. Por eso, bonistas con títulos bajo legislación europea y japonesa se presentaron para que se cumpla la misma excepción que con los pagos a través del Citi.
El juez neoyorquino respondió a un pedido de ‘stay’ que llevaron adelante los mismos fondos buitre. Y le llevó tranquilidad al Citi, que había argumentado que estaba bajo amenaza del gobierno de Cristina Fernández por la posibilidad de perder su licencia para operar en la Argentina. NML Capital y Aurelius Capital Management llevaron adelante el pedido de “no innovar” para el Citi, a partir de lo que se estima fue una negociación entre el banco y los buitres. El abogado de Aurelius, Edward Friedman, argumentó que el pedido de stay buscaba que el juez no tuviera que decidir “de emergencia”. La segunda excepción de Griesa “por única vez” volverá a ser tema de discusión cuando venza el pago del 31 de diciembre del bono Discount que ya marcó el “default selectivo”, después de que Griesa frenara los pagos a los bonistas a través del Bank of New York.
Griesa además otorgó treinta días para que se defina si los títulos bajo ley argentina son considerados “deuda externa”. “Lo lógico debería ser que quedaran sólo los títulos bajo ley de Nueva York, que es donde Griesa tiene jurisdicción”, evaluó el economista Agustín D’Attellis. A partir del 30 de septiembre, los pagos bloqueados tendrán treinta días de gracia antes de pasar a integrar los títulos que las calificadoras de deuda determinaron como “default selectivo”, lo que para el Gobierno es una “restricción de cobro”.
Desacato. El lunes, Griesa –que ayer se mostró a la salida de la audiencia al volante de un auto rojo– volverá a tratar el caso argentino. Esta vez, el punto será si hay “desacato” del Gobierno a la orden judicial de negociar con los fondos buitre. El encuentro fue pedido por los abogados de NML y Aurelius que le reclamaron al magistrado que multara a la Argentina con una cifra de U$S 50 mil diarios para que se siente a negociar. Ayer, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, aseguró –antes de una reunión en Olivos con la presidenta Cristina Fernández y el ministro de Economía, Axel Kicillof– que la Argentina está dispuesta a negociar a partir de enero. La búsqueda de un acuerdo con los buitres, en tanto, está sujeta, según aseguraron fuentes de Economía, a que se pueda negociar con el 7% de los holdouts, todos los bonistas que no entraron al canje en su conjunto y no sólo con los fondos que tienen sentencia firme a su favor, a los que Griesa ordenó pagarles US$ 1.300 millones más intereses.
Investigarán a los buitres El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aceptó investigar a los fondos buitre en una votación donde las principales plazas financieras mundiales, Estados Unidos, el Reino Unido, Japón y Alemania, volvieron a dar su voto no positivo. La resolución fue aprobada por 33 votos a favor, 5 en contra y 9 abstenciones, y de esta forma, según Cancillería, la ONU dio otro importante paso contra los fondos buitre tras la histórica resolución recientemente aprobada en la Asamblea General de la ONU en Nueva York. “No es sólo una decisión en contra de los buitres sino en respaldo a la Argentina”, aseguró el canciller Héctor Timerman desde Ginebra, que estimó que estos fondos son “verdaderos piratas del siglo XXI que, con su accionar, asuelan a los pueblos y los países”.
