La crisis económica que se desató en el primer trimestre de 2018, cuando el mundo decidió dejar de financiar a la Argentina, obligó a la vuelta de medidas que parecían dejadas atrás: el control de cambios, las retenciones a todos los productos exportados y, ahora, el impuesto al turismo. El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, confirmó este domingo que los argentinos que viajen al exterior y realicen compras con tarjetas de crédito o aquellos que compren algún producto o servicio que se abone en divisa internacional deberán pagar un impuesto del 30%.
Cafiero explicó que se busca aplicar una lógica "solidiaria" y "contributiva". "Cuando los argentinos tienen la posibilidad de viajar al extranjero y hacen compras esas compras se pagan con dólares del Banco Central", aseguró el funcionario en una nota que le realizó Iván Schargrodsky para el programa El Fin de la Metáfora, que se emite por Radio 10.
Por otra parte, el jefe de Gabinete añadió que con esta medida se va a beneficiar al turismo local, al que consideró una "actividad dinámica" que "genera empleo". De las palabras de Cafiero se desprende que también quedarán gravados servicios como Netflix o Spotify.
En lo que va del año, la balanza turística -es decir, la diferencia entre el dinero que ingresa por quienes llegan del exterior y el que se va por los argentinos que viajan- terminará con unos 5000 millones de dólares de pérdida.
En otro orden de temas, Cafiero se refirió a las retenciones y buscó quitarle dramatismo al a cuestión, al asegurar que tan solo se actualizó el monto que había fijado el gobierno de Mauricio Macri. "Se había dispuesto que el 12% tenía un tope de 4 pesos por dolar exportado. Esa medida se tomó cuando esos cuatro pesos representaban ese 12%. En el sentido de que el dólar estaba a 36 pesos. Hoy el dólar está a $63, entonces lo que hicimos nosotros fue actualizar ese valor".
Durante toda la entrevista Cafiero se mostró moderado y abierto a dialogar con todos los sectores de la economía. De esta forma, busca desactivar las críticas de las patronales del campo, que le endilgan al Gobierno no haberlos consultado antes de anunciar los incrementos.
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