Desde el 12 de junio se espera que la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos decida si acepta o no hacer lugar a la apelación de la Argentina por los fallos adversos frente a los fondos buitre. Existen tres posibles escenarios desde el punto de vista legal:
◆ El primero de ellos puede ser que el máximo tribunal tome el caso, y entrarían a jugar los tiempos de un recurso procesal aceptado, donde cada una de las partes se presenta y después se falla. Si bien es imposible anticipar los plazos exactos, se tratará de meses. Será clave si pasa diciembre, cuando cae la cláusula que la obliga a tratar a todos los acreedores por igual, para así poder idear un plan de pagos diferencial con los holdouts.
◆ Si finalmente la Corte determina que no va a tomar el caso, queda firme la determinación del juzgado de segundo cordón de Nueva York –que estaba en línea con la decisión de Thomas Griesa de primera instancia– que establece que la Argentina pague la totalidad de lo reclamado, unos US$ 1.330 millones. Habría riesgo de embargo de los activos argentinos para garantizar ese pago. Según el ex secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, “no habría una catástrofe”, porque “hay posibles vías de acción para el Gobierno”
◆ Pero existe también una tercera posibilidad, en la que la Corte podría solicitar información al procurador general de los Estados Unidos sobre los riesgos reales que existen para la economía en caso de fallar en contra. El procurador tendría hasta tres oportunidades para expedirse. Puede hacerlo en octubre de este año, también en marzo de 2015, y la tercera instancia sería en junio de 2015, que es la fecha límite para que dé su opinión sobre las consecuencias que una sentencia desfavorable para el país podría traer no sólo a la economía nacional sino también a los países que restructuren deudas en el futuro, y a Estados Unidos como plaza financiera.
◆ Sorpresa: el viernes los abogados del fondo NML solicitaron una audiencia con el juez Griesa y con abogados que representan a la Argentina para saber sobre la veracidad de un memo en el que los expertos que asesoran al gobierno nacional recomendaban no efectuar el pago de las deudas en caso de que la sentencia fuera desfavorable para la Argentina. Los abogados de la Argentina no habrían negado la veracidad del memo.
