Del fallo favorable para la Argentina en el juicio por YPF por parte de la Cámara de Apelaciones de la Corte de Nueva York, que revocó la sentencia de pagar alrededor de US$ 16.000 millones a los demandantes Burford Capital, hay un punto que podría afectar a futuras inversiones por falta de seguridad.
En la página 50 del documento del fallo, la Cámara de Apelaciones neoyorkina sostiene que no hay discusión de que Argentina “violó los estatutos de la YPF. La República lo hizo después de atarse las manos con un requisito de oferta pública de adquisición y de ‘promocionar repetidamente estas protecciones’”.
“El motivo para hacerlo era, sencillamente, asegurar a los inversores privados —muchos de los cuales tenían su sede en Estados Unidos— que estarían protegidos en caso de que la República decidiera renacionalizar la mayor compañía de petróleo y gas del país si los vientos económicos y políticos cambiaban, tal como sucedió a principios de la década de 2010”, sostiene el texto.
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Según la Cámara, “su negativa a respetar esas protecciones dos décadas después de haberlas establecido genera dudas sobre la seguridad de la inversión extranjera en el país en general”.
Para justificar el fallo, considera que “en la medida en que la República cometió un agravio contra los accionistas que prometió proteger, la ley argentina no dejó a los accionistas minoritarios de YPF sin ningún recurso: los demandantes podrían haber buscado, y de hecho otros accionistas buscaron, hacer valer las protecciones de los Estatutos en los tribunales argentinos a través de causas de acción reconocidas por la ley argentina”.
Compromiso para las inversiones
Para el especialista Sebastián Maril, de Latam Advisors, esos párrafos pueden comprometer futuras inversiones en la Argentina: “No es una crisis inmediata, pero es un ruido que va a crecer con el tiempo. En mi opinión y puedo estar equivocado, es como un arma de doble filo y pronto habrá escuelas de negocios y empresas que van a hacer foco a esa página”.
El especialista comentó a PERFIL que el fallo crea un precedente: “El país puede prometer hacer cumplir ciertos aspectos, pero las empresas pueden argumentar que ‘viene otro presidente con otro congreso, se aprueba una ley para invalidar esa promesa y yo me quedo sin nada, porque dos jueces de los tres dijeron que ustedes, argentinos, se pueden inventar una ley 20 años más tarde’”.
“Lo importante es la situación crediticia. Si soy inversor financiero, le digo a Argentina: ‘el viernes me desprotegieron en el lugar más seguro del mundo, que es Nueva York. Dame más prima’”, agregó Maril.
El papel de Estados Unidos en el fallo
Respecto a la posible influencia del gobierno de Donald Trump en el fallo favorable para la posición argentina, Maril indicó tanto los presidentes Joe Biden y Donald Trump en segundo mandato “se han involucrado a favor de Argentina en los casos periféricos, por las entregas de las acciones YPF a los demandantes para evitar que el discovery de pruebas afecte los WhatsApp de Luis Caputo y Sergio Massa, entre otros”.
“La política jugó a favor, porque la diplomacia ayudó a que el gobierno de Estados Unidos con Trump y con Biden se metiese en las periféricas, pero nunca lo hicieron en la apelación primaria”, añadió.
En el mismo sentido, el ex vice procurador del Tesoro, Sebastián Soler, afirmó que Estados Unidos no presentó un amicus curiae sobre la apelación, como sí lo hicieron Brasil, Uruguay, Chile y Ecuador.
“El involucramiento y la mirada común de esos cuatro países de la región, con gobiernos de diferente signo ideológico, ilustran la gravedad de la amenaza sistémica del fallo de (Loretta) Preska. Los cuatro estados plantearon argumentos similares y le pidieron a la Cámara que revocara el fallo de Preska, entre otros argumentos porque la jueza interpretó erróneamente las leyes argentinas aplicables en materia de expropiaciones y societaria, que son similares a las suyas. Fueron, justamente, los dos argumentos que tuvo en cuenta la Cámara para fallar a favor de la Argentina”.
Soler describió que “esos amicus empezaron a procurarse en 2023, durante la gestión del gobierno anterior, y se terminaron de conseguir y presentaron en marzo de 2024 durante la gestión del gobierno actual”.
LM
