Aumento de precios de bienes y servicios, imposibilidad de comprar dólares, controles de la AFIP sobre pequeños comerciantes y monotributistas. La política económica de Cristina Kirchner ha acentuado en los últimos meses un sesgo anti clase media que repercute en el comportamiento de una parte de la población que ha sido uno motores del crecimiento desde la salida de la convertibilidad. En ello coincide un buen número de entidades de consumidores y analistas consultados por PERFIL para tomar la temperatura de un segmento social tan heterogéneo como crucial en la historia argentina.
En primer lugar, la inflación golpea la canasta que consumen estos sectores. En el rubro alimentos y bebidas, Sandra González, presidenta de Adecua, sobre más de 200 productos, verificó que en el mes de junio hubo un fuerte aumento en primeras marcas. Según Fernando Blanco Muiño, de Unión de Consumidores de Argentina, los alquileres, hasta junio de 2012, venían registrando una suba interanual del 24%, la ropa lo hacía en promedio el 22%, con picos del 45% en indumentaria de invierno. Las cocheras, en tanto, trepan hasta el 30%. Además, hay periódicos aumentos de las empresas de medicina prepaga, que por estos días discuten con el Gobierno aplicar un nuevo ajuste.
En este contexto, en el que además los asalariados de más de $ 6 mil pierden ingresos por la falta de actualización del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, se han modificado hábitos de consumo. Se mantiene la búsqueda de descuentos y promociones, y las compras en cuotas. Pero han cambiado otras pautas. Sandra González, de Adecua, planteó que “las familias de sectores medios ya no compran por mes en los supermercados, sino cada quince días o por semana, o incluso a diario”. Héctor Polino, de Consumidores Libres, señaló que “está comenzando a haber un cambio de productos premium y primeras marcas hacia segundas marcas”. Además, hay una tendencia a elegir las “casas de comidas rápidas, que son más baratas” y, en salud, a “cambiar el plan de medicina prepaga hacia valores más bajos”, expresa Muiño.
El escenario había empezado a complicarse con el anuncio de reducción de subsidios a las tarifas de servicios públicos (en busca de caja) tras los comicios en 2011. Si bien todos coinciden en que todavía su impacto es menor (en la actualidad se concentra en barrios de mayor poder adquisitivo), para Claudio Boada, de Unión de Usuarios y Consumidores, “esto va a provocar un impacto a futuro porque la quita va a ser sensible para más cantidad de personas que a las que actualmente influyen”. Muiño plantea que “si el proceso se vuelve a poner en marcha y se avanza hacia las zonas de clase media, el impacto por la eliminación rondará entre el 150% y el 300%”.
Lea la nota completa en la edición impresa del diario PERFIL.
