La economía que se viene después del conflicto

Que el Gobierno deberá revisar su política de subsidios, para hacer frente a sus obligaciones en el pago de la deuda y que deberá además moderar el gasto y las subas de salarios para evitar que la inflación se dispare, son algunas de las consecuencias que la mayoría de los economistas consultados por PERFIL coinciden en observar tras el anuncio de la derogación de la Resolución 125 por la cual el Estado pensaba originalmente recaudar US$ 2.500 millones adicionales este año.

“Hay que olvidarse de un superávit fiscal del 4% y pensar en el 3%. Si bien la recaudación seguirá creciendo vía la inflación, no cabe dudas de que el tratamiento legislativo de las retenciones móviles significa una mordida a los recursos, mientras el gasto se encuentra en alza”, explicó Eduardo Curia. A su juicio, será necesario que el Gobierno revise su política de subsidios a empresas de servicios públicos y “de una vez por todas autorice una suba selectiva de tarifas”.

De acuerdo con la consultora Ecolatina, este año el Estado desembolsará unos $ 35 mil millones en subsidios, el 18% del gasto primario.

Roborto Dvoskin, de la Universidad de San Andrés, tiene otra mirada: “Los US$ 2.500 millones que se pensaban recaudar vuelven al campo. Es un dinero que puede ir al consumo de las clases media-alta y alta, que empujó el crecimiento económico de los últimos años. Hay que tener cuidado de que no se vayan al exterior”.

“Es esperable que la pérdida de ingresos por retenciones, en parte compensada por una mejor recaudación vía impuestos asociados al nivel de actividad”, explicó Marina Dal Poggeto, del Estudio Bein.

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