El soterramiento del ferrocarril Sarmiento se convirtió en una piedra en el zapato para el kirchnerismo y para el macrismo. También lo es para el saliente dueño de Iecsa, Angelo Calcaterra, y para su nuevo propietario, Marcelo Mindlin. Para los fiscales y jueces que investigan el caso, implica una presión extra.
Mientras suman documentación, reclaman información a Brasil y aguardan que se destape la olla de los arrepentidos de Odebrecht, los investigadores se preguntan si serán ellos quiénes deberán decidir el futuro de la obra si las pruebas confirman las sospechas: que el kirchnerismo adjudicó el soterramiento a la constructora brasileña, a la empresa del primo de Mauricio Macri y a otras dos socias -Comsa y Ghella- a cambio de sobornos. Ese futuro incierto incluye la posibilidad de tener que frenar la obra -que ya está en marcha- y ordenar el apartamiento de las empresas.
La obra está siendo investigada en Brasil y tiene cuatro frentes judiciales en Argentina en torno al Lava Jato, pero dos expedientes se centran exclusivamente en el soterramiento y atraviesan la vida del proyecto desde que fue adjudicado en 2008, durante la primera presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, hasta su reactivación final en 2016, cuando el gobierno de Macri aumentó en $ 45 mil millones los fondos para la obra de su primo, Calcaterra.
En el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi investigan si las empresas pagaron coimas al entonces secretario de Transporte, Ricardo Jaime. En el otro expediente, el fiscal federal Gerardo Pollicita instruye una denuncia de CFK pidiendo que se investigue porqué el macrismo amplió mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) los fondos destinados a la obra de su primo. Fuentes judiciales anticiparon que el caso podría terminar concentrándose en la primera causa, que se centra el delito madre: si las empresas pagaron coimas a funcionarios.
Pollicita también redactó un pedido de colaboración al juez Sergio Moro, a cargo del caso en Curitiba, para saber si hay registros de pagos irregulares de Odebrecht en Argentina durante el último año. En ese expediente, la Justicia recibió esta semana un informe de la Comisión Bicameral que revisa del DNU y que declaró inválida la decisión de destinar al soterramiento otros $ 45 mil millones. La extensión de fondos para la obra quedó paralizada en el Congreso.
Pruebas. La comisión también remitió copia de la versión taquigráfica de la sesión, en la que oficialistas y kirchneristas se cruzaron en un debate por el futuro de la obra. El informe de los legisladores cuestiona el volumen de dinero que Macri destinó al soterramiento en comparación con los fondos destinados a obras en las provincias. Pablo Tonelli, miembro de la comisión revisora, increpó a uno de sus pares kirchneristas para recordarle que fue Ricardo Jaime quien le adjudicó la obra a Iecsa y Odebrecht. Los kirchneristas, en especial, Juliana Di Tullio, se opusieron a que la obra reciba más fondos. Pero nadie se animó a hablar de las sospechas de sobornos, ya que el caso expone tanto al kirchnerismo como al primo de Macri.
Mindlin ya no contaría en Iecsa con Javier Sánchez Caballero, CEO en la era Calcaterra. Los investigadores brasileños están seguros de que el ejecutivo argentino cumplió un rol en los pagos ilegales para conseguir la licitación del soterramiento. La Justicia argentina recibiría esas supuestas pruebas a partir del 1º de junio.
